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comunicación democrática
Coalición de la sociedad civil por una Política Democrática de Comunicación.
martes, 30 de julio de 2013
miércoles, 22 de mayo de 2013
Coalición por una Comunicación Democrática celebra envío del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Parlamento y pide darle rápido tratamiento
COMUNICADO - Montevideo, 22 de mayo de 2013
Coalición por una
Comunicación Democrática celebra envío del proyecto de Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual al Parlamento y pide darle rápido
tratamiento
La Coalición por una Comunicación Democrática celebra el envío del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) al Parlamento. Como se reclamó en varias oportunidades, la primera ley de comunicación de la democracia debe ser ampliamente conocida y debatida en el ámbito parlamentario, el lugar adecuado para decidir sobre los derechos constitucionales en juego.
El proceso de elaboración de las bases de una LSCA se inició en 2010 con la conformación de un Comité Técnico Consultivo convocado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y contó con la participación de una diversidad de actores vinculados a la comunicación, asociaciones de propietarios de medios, asociaciones de publicistas, asociaciones de productores, academia, y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba la Coalición por una Comunicación Democrática. Los debates, documentos y conclusiones de ese espacio fueron públicos, tuvieron un amplio margen de acuerdo y están disponibles para todos en la web de DINATEL. Por este motivo, la Coalición criticó en varias oportunidades el largo período de tiempo que medió entre aquel proceso y la elaboración del proyecto de ley definitivo por parte del Poder Ejecutivo.
El hecho de que por primera vez desde restauración democrática, el Parlamento discuta una legislación para los medios de comunicación, es un hecho significativo para la calidad democrática.
Por otra parte, el nivel de discusión y elaboración con el que llega el proyecto de ley, abre la expectativa de que sea posible avanzar rápidamente en la discusión y aprobación del texto.
Un primer análisis del proyecto enviado al Parlamento permite aventar los fantasmas que se agitan sobre la violación de libertades fundamentales con la aprobación de la LSCA. Sin perjuicio de que la Coalición realizará un estudio en profundidad del proyecto, no se observan en el mismo, disposiciones que suponga una intromisión del Estado en los contenidos informativos, ni mecanismos de censura indirecta o condicionamientos al trabajo de los medios y los periodistas.
En ese sentido, es necesario recordar que la legislación vigente es la que violenta todos los principios y fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. Son conocidos los niveles de concentración del sector privado de la comunicación, la existencia de testaferros que concentran más cantidad de medios que los permitidos por ley, la poca eficiencia de la autoridad regulatoria, la violación de derechos de distintos colectivos que ocurren en los principales medios y el abuso en la exposición publicitaria, entre otros aspectos.
En ese sentido, el actual proceso de asignación de las frecuencias para emitir en televisión digital demuestra la necesidad de una regulación democrática.
Si bien el decreto que regula la asignación de estas frecuencias respeta varios estándares de diversidad y pluralismo (al establecer frecuencias con plazos, tres sectores en la comunicación y concursos públicos), la coalición sigue reclamando por la igualdad de condiciones para evaluar las ofertas de todos los oferentes a emitir en la televisión digital, incluyendo a los actuales operadores.
Por esto, una vez más, volvemos a reclamar el rápido tratamiento de este proyecto en el parlamento y su aprobación en este periodo de gobierno.
viernes, 17 de mayo de 2013
Pronunciamiento de la INDDHH sobre el proceso de transición a la TV Digital
COMUNICADO - Montevideo, 16 de mayo de 2013
En el día de la fecha, la Institución Nacional de Derechos Humanos
se pronunció en forma definitiva sobre la denuncia presentada en el mes de
febrero por la Coalición por una Comunicación Democrática por los decretos del
31 de diciembre de 2012 y 23 de enero de 2013, referentes a la transición de la
televisión analógica a la digital.
El primero de estos decretos estableció privilegios para que los actuales
operadores de televisión accedieran en forma directa a un canal múltiplex (más
de dos señales de TV, televisión móvil, etc) bajo la tecnología digital y el
segundo suspendió el llamado a interesados.
Luego de un proceso en el que todas las partes pudieron ser oídas y
argumentar, la INDDHH pronunció una recomendación, la cual adjuntamos.
Entre las principales conclusiones destacamos las siguientes:
V)
Recomendaciones de la INDDHH y Defensoría del Pueblo
1 - La INDDHH
reconoce la relevancia del actual proceso de asignación de frecuencias de TV
Digital y de adecuación del marco jurídico en materia de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Se trata de una
materia históricamente librada a las discrecionalidad de las autoridades, y los
cambios relativos a la implementación de estas medidas regulatorias y de
política en materia de libertad de expresión y acceso a la información,
constituyen un innegable avance para la consolidación de una sociedad más plural
y una ciudadanía con mayores herramientas para favorecer su participación en los
asuntos públicos.
2 – Sin
embargo, este proceso debe aún seguir profundizándose, en un marco de amplia
participación de toda la sociedad y especialmente de los actores directamente
involucrados en la temática. A estos efectos, se recomienda que desde el Estado
y la sociedad civil se profundicen los espacios de diálogo y negociación
transparentes e inclusivos para continuar optimizando los resultados.
3 –
Específicamente, se recomienda a las autoridades competentes atender lo señalado
por la INDDHH en el anterior literal (C) en cuanto a la garantía absoluta del
derecho a la igualdad y a la no discriminación en el proceso en marcha.
domingo, 5 de mayo de 2013
Medios de comunicación, cambios regulatorios y discriminación
entrada libre
viernes, 3 de mayo de 2013
Proclama de la Coalición por una Comunicación Democrática en el Día Mundial de la Libertad de Expresión
COMUNICADO - Montevideo, 03 de mayo de 2013
En el día de hoy se
iba a llevar a cabo una intervención urbana de la Coalición por una Comunicación
Democrática en la Plaza Libertad, debido al mal tiempo se suspendió, por lo que
remitimos la proclama que se iba a leer.
Proclama de
la Coalición por una Comunicación Democrática en el Día Mundial de la Libertad
de Expresión
Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión
en Uruguay y en el resto del mundo. Es un buen momento para reflexionar sobre el
papel que este derecho humano juega en las sociedades y en la lucha por
democracias abiertas y participativas. Es un día para solidarizarse y recordar a
los periodistas y defensores de derechos humanos que en muchas partes del mundo
son perseguidos, encarcelados o asesinados por informar, denunciar o pretender
habilitar el debate de ideas.
Aunque en el Uruguay actual no son comunes los casos de
persecución ni penalización de la expresión, ayer se supo de un caso de censura
en Monte Carlo Televisión Canal 4, por parte de las autoridades del canal, que
impidieron la salida al aire de una entrevista realizada al periodista Miguel
Nogueira. Condenamos y rechazamos enfáticamente este tipo de acciones
violatorias de la libertad de expresión y del derecho a la información, que
llevan a cabo, una vez más, los permisarios de una frecuencia que es patrimonio
de todas y todos.
Nuestro sistema de medios sigue siendo básicamente
concentrado en pocos grupos, privatista, con contenidos de baja calidad y en
buena medida extranjeros.
La mayor parte de esos medios reproduce las relaciones de
poder que al interior de la sociedad obstaculizan el avance de las libertades y
los derechos de diversos colectivos.
Aunque la conquista de derechos para las mujeres ha avanzado, los medios siguen discriminando por razones de género; aunque se acaba de legalizar el matrimonio igualitario, ni la programación ni la publicidad reflejan cabalmente la diversidad de formas de vivir la sexualidad que se encuentran en la sociedad; siguen siendo demasiadas las coberturas periodísticas que ignoran los derechos de los sectores más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes en situación de desventaja, personas con discapacidad, personas trans o sectores desplazados.
Aunque la conquista de derechos para las mujeres ha avanzado, los medios siguen discriminando por razones de género; aunque se acaba de legalizar el matrimonio igualitario, ni la programación ni la publicidad reflejan cabalmente la diversidad de formas de vivir la sexualidad que se encuentran en la sociedad; siguen siendo demasiadas las coberturas periodísticas que ignoran los derechos de los sectores más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes en situación de desventaja, personas con discapacidad, personas trans o sectores desplazados.
Democratizar la comunicación, permitir el acceso de todas
y todos en condiciones de igualdad y no discriminación a las distintas
plataformas de la comunicación, promover la diversidad y el pluralismo en el
sistema de medios, derogar la legislación de medios aprobada en la dictadura
militar y aprobar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son tareas
impostergables.
En una democracia no puede ser por decreto que se regule
el sistema de medios, por eso es imprescindible que cumpliendo con la palabra
dada y los compromisos asumidos el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el
proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El advenimiento de la televisión digital significa una
oportunidad única para abandonar la lógica actual que rige el sistema de
comunicación, en tanto permite albergar más actores, posibilitando más
pluralidad, diversidad e igualdad en la comunicación. En consideración de esto,
el Estado tiene la obligación, asumida en convenciones internacionales de
promover la diversidad cultural y libertad de expresión, de velar por que esta transición se haga
respetando estándares de acceso a las frecuencias en condiciones de pluralismo e
igualdad.
Sin embargo, desde el 2010 a la fecha, el Poder Ejecutivo
ha tenido en relación al sistema de medios y su democratización una política
errática, dilatando la adopción de decisiones claves para lograr esos objetivos.
Se comprometió a enviar al Parlamento para su consideración en 2011 la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que a la fecha aún no ha sucedido,
pese a que se completó un proceso participativo y abierto para elaborar la
primera ley de servicios de comunicación de la democracia.
También ha sido errática la implementación de la
transición de la televisión analógica a la televisión digital, una herramienta
central para abrir el sistema de medios. Si bien el Ejecutivo aprobó en mayo de
2012 un primer decreto bajo estándares que respetan el derecho a la libertad de
expresión, destinado a llamar a concurso para la asignación de 6 canales
multiplex comerciales, 3 públicos y 2 comunitarios, esa idea fue lentamente
recortada.
Otro decreto se aprobó el 31 de diciembre violentando el
principio de igualdad constitucional y estableció un doble criterio para la
asignación de frecuencias que, hay que precisar, supone nuevas autorizaciones
para prestar nuevos servicios. Los aspirantes a un canal tendrán que pasar por
concurso, audiencia pública y sus propuestas evaluadas por una Comisión Asesora,
pero los actuales operadores quedan exonerados de estos requisitos.
Por eso, en el Día Mundial de la Libertad de Expresión,
insistimos en la necesidad de la reapertura de los llamados para emitir en TV
digital para todos los sectores: comunitario, privado y estatal y exigimos que
los procesos se den en forma transparente y en igualdad de condiciones para
todos los interesados.
También es imperioso que, como en otros campos, el
Parlamento aborde una ley de servicios de comunicación audiovisual integral, que
establezca una institucionalidad apropiada para exigir el respeto de los
derechos de todas y todos en los medios de comunicación, así como un efectivo
apoyo del Estado al desarrollo de medios públicos y comunitarios
independientes.
martes, 30 de abril de 2013
miércoles, 17 de abril de 2013
Coalición por una Comunicación Democrática a la espera de concreción del anuncio hecho por el MIEM a la Institución de Derechos Humanos sobre reapertura del llamado a interesados en servicio de televisión digital
COMUNICADO - Montevideo, 17 de abril de 2013
También enviarían Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual
Coalición por una Comunicación Democrática a la espera de concreción del anuncio hecho por el MIEM a la Institución de Derechos Humanos sobre reapertura del llamado a interesados en servicio de televisión digital
El ministro de Industria Energía y Minería (MIEM), Roberto Kreimerman aseguró que este mes se reabrirá el llamado a operadores de televisión digital comercial, suspendido hasta ahora por un decreto del 23 de enero. La respuesta surge a raíz de la denuncia que la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) presentó ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
En la denuncia la coalición expresa su preocupación por la suspensión
del llamado por tiempo indefinido y valora como una falta grave que se
interrumpa este proceso histórico en la televisión nacional que permitirá
incluir nuevos actores y, por lo tanto, dotar de más pluralidad y garantías al
sistema de medios uruguayo.
En la respuesta a la INDDHH, Kreimerman recordó que la suspensión del
llamado se hizo con el objetivo de “propender la más amplia concurrencia,
garantizando la amplia participación de los postulantes interesados en
presentarse al llamado”, y agrega que “está previsto reanudar el proceso en el
mes en curso”.
El ministro también se refirió a la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (SCA), considerada necesaria por la CCD “para sustituir la actual
ley de radiodifusión aprobada durante la dictadura, y que violenta estándares de
libertad de expresión pluralismo y diversidad”. Kreimerman aseveró que la ley se
encuentra en etapas finales de elaboración: “es intención del MIEM elevar el
proyecto a consideración de la Presidencia de la República y del consejo de
ministros a la brevedad a fin de que una vez aprobado sea remitido al poder
legislativo”.
En su ocasión la CCD había resaltado como hecho negativo “una serie de
vaivenes en torno a la política de comunicación impulsada desde el Poder
Ejecutivo”. La coalición recordó que en el primer año de gobierno se estableció
un Comité Técnico Consultivo para elaborar las bases de una
ley SCA”, pero que, cuando el comité estaba por redactar el informe final, “el
presidente de la República hizo declaraciones públicas en el sentido de
desestimar este aporte”.
Otro de los vaivenes en materia de política de comunicación lo
constituye el decreto del 31 de diciembre que regula la transición de la TV
analógica a la digital. Este decreto (que a su vez modifica otro de mayo de
2012) establece diferencias de criterios entre los actuales operadores (canales
4, 10 y 12) y los nuevos interesados que se quieran presentar. La norma exime a
los actuales operadores de pasar por concurso abierto y comparecer ante
audiencia pública como sí lo tiene que hacer todo nuevos operadores; es decir, a
los tres canales se le asegura la transición sin mayores requisitos
ofreciéndoles un canal completo de 6 Mhz, lo cual en los hechos puede significar
varias señales de televisión, dadas las posibilidades que ofrece la
digitalización.
La CCD destaca que tal situación “rompe la igualdad constitucional, el
principio de transparencia, genera un privilegio para tres grupos empresariales
y pone en desventaja a los eventuales oferentes”. Sin embargo, Kreimerman, al
responder a la Institución Nacional de Derechos Humanos defiende el decreto del
31 de diciembre y el trato diferenciado entre los actuales operadores y los
nuevos. Además, relega los objetivos de diversidad y pluralismo a segundo
plano, otorgando ventajas en el acceso a la oferta a los mismos operadores que
han concentrado los medios hasta hoy.
Explica que, en consideración de que se parte de puntos disímiles (en un
caso los operadores que tienen frecuencias hace 50 años y en otro futuros
interesados sin eventualmente tanta experiencia), no se rompe el principio de
igualdad; lo único que se hace es tratar “de forma diferencial a quienes no son
iguales”. Cabe recordar que este trato diferencial también fue objetado por la
Comisión Honoraria Asesora Independiente, designada por el propio Poder
Ejecutivo para asesorarlo en esta materia."
El Poder Ejecutivo por su parte, fue mucho más escueto en su respuesta a
la Institución Nacional de Derechos Humanos que el MIEM. En un texto firmado por
Homero Guerrero, secretario de la Presidencia, se repiten los argumentos
esgrimidos el 23 d enero para suspender el llamado (“propender la más amplia
concurrencia, garantizando la amplia participación de los postulantes
interesados en presentarse al llamado”), pero no se hace ningún tipo de anuncio
en cuanto a si el presidente de la República firmará o no una resolución
reabriendo el proceso de concurso.
La Coalición se encuentra elaborando un documento con observaciones a
las respuestas enviadas a la INDDHH por parte del MIEM y Presidencia, y
recuerda, que en tanto no se abra el llamado a interesados, el transcurso del
tiempo favorece a los operadores históricos, sabedores de que a partir del 26 de
octubre no se podrán hacer asignaciones de frecuencias hasta un año después de
cumplido el acto electoral.
Paso histórico para la profesión periodística: se aprobó Código de Ética
En el marco del proceso de construcción de un Código de Ética para la
Profesión Periodística, la Asociación de la Prensa Uruguaya adoptó el viernes 12
de abril el proyecto puesto a consideración de su Asamblea General
Extraordinaria. A continuación reproducimos el comunicado emitido por la APU en
el día de la fecha:
*********************************
COMUNICADO
15 de abril de 2013
Paso histórico para la profesión periodística: se
aprobó Código de Ética
La Asamblea General de la Asociación de la Prensa
Uruguaya (APU) aprobó el viernes 12 de abril por amplia mayoría de presentes el
Código de Ética de la Profesión Periodística, tras un exitoso proceso de debate,
consulta y construcción de la primera autorregulación del periodismo en
Uruguay.
Luego de más de dos horas de debate, los asambleístas concluyeron que la aprobación de este mecanismo es un paso histórico para la profesionalización de los periodistas y la mejora de la calidad de la información en los medios de comunicación.
La resolución que aprobó el Código de Ética estableció que es de plena observancia para todos los afiliados al sindicato; además, invita a los medios de comunicación y a otras gremiales vinculadas a la comunicación a adoptarlo como una referencia para el trabajo profesional.
La Asamblea estableció que el Tribunal Arbitral de la institución, un órgano estatutario y elegido por el voto de sus afiliados, será el encargado de promover y aplicar el código. El Tribunal podrá designar comisiones consultivas para el estudio de situaciones y casos concretos.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS), formaron parte de este proyecto que incluyó debates en todo el país, estudios comparados, una encuesta a nivel nacional y un amplio período de consulta pública del borrador del Código.
La iniciativa fue patrocinada por UNESCO a través del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (IPDC).
Todos los participantes esperan que esta herramienta contribuya a desarrollar mejores estándares en el ejercicio de la profesión periodística y mecanismos de autorregulación en los medios, mediante la creación de defensorías de audiencias y otro tipo de mecanismos para evacuar las inquietudes de las audiencias.
Luego de más de dos horas de debate, los asambleístas concluyeron que la aprobación de este mecanismo es un paso histórico para la profesionalización de los periodistas y la mejora de la calidad de la información en los medios de comunicación.
La resolución que aprobó el Código de Ética estableció que es de plena observancia para todos los afiliados al sindicato; además, invita a los medios de comunicación y a otras gremiales vinculadas a la comunicación a adoptarlo como una referencia para el trabajo profesional.
La Asamblea estableció que el Tribunal Arbitral de la institución, un órgano estatutario y elegido por el voto de sus afiliados, será el encargado de promover y aplicar el código. El Tribunal podrá designar comisiones consultivas para el estudio de situaciones y casos concretos.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS), formaron parte de este proyecto que incluyó debates en todo el país, estudios comparados, una encuesta a nivel nacional y un amplio período de consulta pública del borrador del Código.
La iniciativa fue patrocinada por UNESCO a través del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (IPDC).
Todos los participantes esperan que esta herramienta contribuya a desarrollar mejores estándares en el ejercicio de la profesión periodística y mecanismos de autorregulación en los medios, mediante la creación de defensorías de audiencias y otro tipo de mecanismos para evacuar las inquietudes de las audiencias.
Sigue la moción aprobada en la
asamblea
Montevideo, 12 de abril de 2013
Resolución aprobada por la Asamblea Extraordinaria convocada por el
Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) a los efectos de
considerar la adopción de un Código de Ética Periodística:
1.- Apruébese el proyecto de Código de Ética Periodística presentado a
la Asamblea que será de plena observancia para los afiliados de la Asociación de
la Prensa Uruguaya (APU).
2.- Establecer que el Tribunal Arbitral, como órgano estatutario y
elegido por los socios, será el encargado de aplicar el referido código. Este
órgano estará a cargo de la promoción, recepción de denuncias y emitir las
decisiones pertinentes. Podrá asimismo, nombrar comisiones consultativas para
analizar y estudiar asuntos referidos a la aplicación del Código.
3.- Invitar a los medios de comunicación, gremiales y organizaciones
vinculadas a la comunicación a adoptar el presente Código como referencia para
el ejercicio de la actividad periodística. Comunicar el Código aprobado a las
gremiales empresariales que forman parte de los Consejos de Salarios en los que
negocia la APU.
4.- Reconocer el trabajo de las organizaciones amigas que formaron parte
del proceso de construcción del presente Código.
5.- Reconocer a la Oficina de Unesco en Montevideo por todo el apoyo
brindado en el proceso de construcción del presente mecanismo de
autorregulación.
viernes, 1 de marzo de 2013
La tormenta perfecta: Fallos judiciales y suspensiones ponen en crisis el sistema de televisión
Brecha, 01 de marzo de 2013 - Edison Lanza
La apuesta de la industria televisiva nacional a los mercados oligopólicos y cerrados hace agua por un doble fenómeno: la llegada de la tevé digital abierta y la victoria en los tribunales de Claro tv, lo que permitirá al gigante mexicano ofrecer televisión satelital directa al hogar en todo el país.Paradójicamente, la ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca), resistida durante los últimos años por Andebu, puede transformarse ahora en la tabla de salvación para la televisión comercial nacional.
A comienzos de febrero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (tca) anuló una resolución adoptada en 2009 por el ex presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Industria Daniel Martínez, que a su vez había revocado una resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) que había habilitado a la telefónica Claro (propiedad del magnate mexicano Carlos Slim), a prestar el servicio de televisión satelital.
Esa decisión del primer gobierno de izquierda –además de producir una minicrisis entre el Ejecutivo y el órgano regulador– operó como un freno a la competencia que la tevé satelital acarrea para las empresas nacionales de televisión paga.
Cuatro años atrás, la moneda de cambio para detener a las multinacionales fue el Plan Cardales, una idea del gobierno de Vázquez que modeló Miguel Brechner (encargado del Plan Ceibal), cuyo objetivo era solucionar el dilema que representa la convergencia de plataformas tecnológicas y universalizar el acceso al denominado triple play (televisión para abonados, telefonía y datos).
El esquema era instrumentar desde el gobierno una alianza de las empresas de tevé para abonados nacionales y Antel, para progresivamente ir incorporando luego a las multinacionales. Pero el Cardales finalmente fracasó por su poco atractivo (pocas señales, alto costo, etcétera) y porque no todos los canales estaban interesados en un acuerdo con Antel. El actual gobierno desactivó el plan, como una de sus primeras medidas en el campo de las telecomunicaciones.
TIERRA DE GIGANTES.
Cuatro años después del Cardales, la resolución de la justicia administrativa cayó como un balde de agua fría en el Poder Ejecutivo, según explicó a Brecha un alto jerarca vinculado a la política de comunicación. Pero además prendió la alarma en los cuarteles de las empresas televisivas de capitales nacionales.
El tca encontró que la revocación de la licencia de Claro tv por parte del gobierno de Vázquez constituye un acto contrario a la ley y al reglamento de licencias de telecomunicaciones. Afirma que fue una decisión arbitraria, ya que “no existía una sanción o un interés público imperativo” que habilitara la revocación intempestiva. “El documento que sirvió de guía para la implantación del referido plan (Cardales) se redactó y aprobó con posterioridad a la revocación de la licencia”, explica la sentencia. La revocación “en cualquier momento” no equivale a revocación “por cualquier motivo”, de modo “que para que la revocación sea procedente y legítima se requerirá un grave motivo de interés público que la determine”, remató el tribunal, que reconoció los “derechos adquiridos” por Claro, luego de que quedara firme la resolución de la Ursec que le dio la licencia para operar televisión satelital por diez años.
Varias fuentes consultadas por Brecha indicaron que hubo jerarcas del área de las telecomunicaciones que hace un par de años advirtieron a altos miembros del Ejecutivo sobre una virtual derrota en el tca, pero los servicios jurídicos de Antel sugerían seguir adelante con el juicio. Hoy esa posibilidad se ha cerrado y América Móviles (Telmex) amenaza además con una demanda millonaria al Estado por el lucro cesante de cuatro años.
Lo cierto es que la sentencia del tca permite el ingreso de la megaempresa de Slim, pero además abre la puerta al ingreso de otras multinacionales. Detrás de Claro, el grupo español Telefónica (Movistar) también anunció que aspira a operar en el mismo mercado; a su vez, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones tiene a estudio un tercer pedido de un empresario para ofrecer el mismo servicio.
Los operadores locales conocen bien que las multinacionales de las telecomunicaciones han ganado experiencia en los mercados de la televisión para abonados de la región. Claro y Movistar ya se hicieron con el liderazgo en Chile y Perú, a fuerza de ofrecer paquetes con precios bajos en tres servicios (triple play) que hoy se han vuelto la puerta de acceso a bienes culturales para los ciudadanos.
Con este panorama, también es probable que Antel quiera reactivar su proyecto de ofrecer un paquete propio de tevé para abonados a través de la red de fibra óptica directa al hogar que está tendiendo, y que fue desactivado a instancias del Ejecutivo, para que la telefónica estatal no compita con el oligopolio de la tevé y se concentre en construir la carretera para transportar datos, audio y video.
Con tamaños jugadores frotándose las manos, los tres grandes de la televisión nacional se convierten en pequeñas y medianas empresas (pymes) y los cableros del interior del país, que ya se quejaban amargamente de la competencia que les hacía Direct tv, son microempresas.
NACIONALES VERSUS EXTRANJEROS.
Por todo ello, desde el día siguiente al que el tca pronunció su fallo favorable a Claro, los teléfonos de los funcionarios que manejan la política de telecomunicaciones no pararon de sonar. Esta vez el objetivo no es detener el ingreso de nuevos operadores a la tevé digital abierta –concurso público que el Poder Ejecutivo dejó en suspenso el 23 de enero último (véase recuadro)–, sino detener el ingreso de las telefónicas a la tevé para abonados.
Andebu también presentó un recurso contra la resolución original, que habilitó a Claro a operar, y que ahora ha retomado vida jurídica, e incluso ha pedido la suspensión de las operaciones como medida cautelar. “En Uruguay existen más de 200 operadores para televisión para abonados y el operador local no tiene mucho margen de movimiento, (con el ingreso de Claro) puede haber efectos adversos”, declaró ayer jueves Rafael Inchausti, presidente de Andebu (En perspectiva”, 810 am).
Ante una política de precios predatoria de las multinacionales “los impactos en los cableros nacionales pueden ir de bajar precios, bajar costos a cerrar sus cortinas”, vaticinó.
La inquietud proviene tanto desde los tres grandes de la televisión como de las empresas de tevé para abonados del Interior (muchos de cuyos adjudicatarios son dirigentes políticos que fueron beneficiarios durante los noventa), que ya habían desarrollado un lobby persistente para lograr que el gobierno aprobara, el 31 de diciembre pasado, un decreto en el que estableció que ninguna empresa de televisión para abonados con licencia nacional (léase Direct tv) puede “superar el 25 por ciento del total de hogares de todo el país conforme a resultados del censo del año 2011”.
Con la autorización en la mano, el gerente de Claro, Horacio Alvarellos explicó que Claro tv quiere brindar “una opción más de las que hay y que el cliente defina por la grilla y el esquema de precios”.
“El plan de negocios no está hecho, pero puedo asegurar que será similar al que tenemos hoy en el mercado”, expresó al Portal 180. A renglón seguido lanzó el guante a las empresas nacionales nucleadas en Andebu: “La competencia debería centrarse en prestar un buen servicio y no en buscar un monopolio, después de cuatro años y medio”, disparó.
Si tomamos individualmente a las empresas para abonados tcc, Montecable y Nuevo Siglo, no superan el 10 por ciento de los hogares de Montevideo (50 mil abonados) cada una, pero en los hechos operan en conjunto a través de licencias propias y de los contratos de Equital (empresa conjunta de los tres grandes para vender señales y tender las redes). De este modo generan un oligopolio que en total atiende al 46 por ciento de los abonados a nivel nacional. El grupo Clarín con 100 mil abonados está apenas por encima del 20 por ciento del mercado y los restantes operadores del interior del país, más Direct tv, se reparten poco más del 30.
TELEFÓNICAS Y CULTURA.
La convergencia de los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales plantea crecientes desafíos a los marcos regulatorios a nivel global, ya que las redes actuales pueden brindar diversos servicios con una misma plataforma.
Como sucede ante cualquier cambio tecnológico en las comunicaciones, la convergencia es una oportunidad para ampliar las opciones, aunque si no se actúa desde la regulación de forma adecuada todo puede culminar en un aumento del poder de mercado de las telefónicas multinacionales, o de éstas en alianza con los grupos más concentrados.
Tanto en Europa como en algunos países de América Latina, una línea de acción ha sido intentar que estos mercados permanezcan separados, el de telecomunicaciones con una lógica mercantil –vinculado a la Organización Mundial del Comercio–, y el de televisión con una lógica cultural –vinculado a la Convención de la Diversidad Cultural de la unesco.
Sin embargo la convergencia tecnológica se ha revelado como un fenómeno difícil de frenar, y ha tomado de sorpresa a los gobiernos y a los parlamentos.
A modo de ejemplo, en México el poder concentrado de Televisa y tv Azteca (un duopolio en tevé abierta y para abonados) mantuvo por un buen tiempo a Telmex (Slim) alejado del mercado televisivo. Pero en 2008 la empresa Dish de tevé para abonados suscribió una alianza estratégica con Telmex y armaron una suerte de triple play comercial (al estilo del que tienen en Uruguay Antel y tcc, de Canal 10). Telmex le presta servicios de facturación y proporciona espacio en sus tiendas minoristas para que Dish venda suscripciones de tevé paga. Ofrecieron menos canales con una drástica reducción en el precio, más servicios de telefonía, y en dos años consiguieron 2 millones de suscriptores (40 por ciento del mercado).
Con los años, Claro se expandió como una mancha en el mapa de la televisión paga directa al hogar (dth) de todo el continente. Hoy pelea el liderazgo en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y gran parte de América Central.
En Argentina, la polémica ley de servicios de comunicación audiovisual (“ley de medios”) mantiene la separación entre telefónicas y televisoras hacia el futuro. Su artículo 46 establece el principio de “no concurrencia”, aunque como excepción respeta las licencias de tevé abierta analógica ya vigentes, en referencia a la licencia de televisión propiedad de Telefónica.
DOS LEYES DEMORADAS.
Al inicio del actual período, el Ejecutivo anunció que uno de los objetivos era preservar a la televisión como servicio cultural, y prometió enviar al Parlamento los proyectos de dos leyes diferenciadas: uno sobre medios audiovisuales y otro sobre telecomunicaciones.
De hecho, las bases del proyecto elaborado por el Comité Técnico Consultivo (ctc) de la lsca ya fueron traducidas en un articulado hace varios meses, pero el Ejecutivo aún no lo ha enviado al Parlamento. Por otra parte, una ley de telecomunicaciones –también demorada– debe definir el tipo de convergencia tecnológica que impulsará el gobierno.
El principal obstáculo para que el país avance en una ley de servicios de comunicación que por fin sustituya a la ley de radiodifusión aprobada en dictadura ha sido la prédica de Andebu y cuta (los cableros locales del Interior), visión que luego es amplificada por los partidos de oposición.
Paradójicamente, una ley de este tipo –además de democratizar la comunicación– los hubiese protegido del desembarco de capitales extranjeros en la tevé y habría sido el incentivo para apostar a los contenidos nacionales para insertarse en el mundo.
De acuerdo al proyecto de ley al que accedió Brecha, en lo que refiere a la tevé para abonados ningún grupo puede tener más de seis autorizaciones para ofrecer este servicio en todo el país, pero si alguna de ellas se encuentra en Montevideo ese límite desciende a tres.
El proyecto incluye una disposición clave, a la luz del reciente fallo del tca, relativa a lo que técnicamente se conoce como “límites a la propiedad cruzada”. La disposición proyectada prohíbe a las empresas de televisión prestar servicios de comunicación de cualquier especie y acceder a una licencia de telecomunicaciones para ofrecer telefonía o datos (Internet). Pero también, a la inversa, limita a las telefónicas en el acceso a licencias de servicios de comunicación.
Como contrapartida, los grupos de televisión actuales podrán mantener el control de la televisión abierta, la televisión para abonados y la radio de una misma localidad, si es que aceptan un nuevo marco regulatorio con las nuevas condiciones (producción nacional, equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos, regulación de la cláusula de conciencia, nuevo diseño institucional, entre otros).
Sergio de Cola, director de Dinatel, dijo a Brecha que su repartición sigue trabajando tanto en el proyecto de lsca como en el llamado a televisión digital, y cree que estas dos iniciativas ayudarán a resolver la crisis que se avecina con el fallo favorable a Claro tv. “Las crisis son oportunidades y es un buen momento para resolverla”, explicó.
Consejo Asesor Independiente advierte al gobierno
Firme y urgente
Una mayoría de la Comisión Honoraria Asesora Independiente (chai), creada cuatro años atrás para dotar de transparencia y control social a la asignación de frecuencias de radio y televisión, recomendó ayer al gobierno que “realice con urgencia el llamado a interesados en ofrecer servicios de televisión digital y tome los recaudos para que las adjudicaciones puedan realizarse antes del 26 de octubre”.
La resolución fue firmada por la Asociación de la Prensa (apu), los Radiofusores del Interior (Rami), la Sociedad de Actores (sua), el Serpaj y la Licenciatura de Comunicación de la Universidad de la República, y en ella agregan que “al realizar estos llamados no introduzca excepciones para los actuales adjudicatarios como las dispuestas en el decreto del 31 de diciembre pasado”.
En los fundamentos de la resolución la chai recuerda que “no corresponde, en cambio, adjudicarle a cada uno de ellos (por los canales 4, 10 y 12) un canal completo (seis megahercios), porque ello equivale a habilitar, para cada empresa, una señal en alta definición (hd), hasta tres señales en definición estándar (sd) dependiendo de la compresión (mpeg-2 o mpeg-4), una señal para recepción en telefonía móvil, computadores portátiles o vehículos, además de servicios interactivos”. “Dado que estas empresas no ofrecen esta variedad de servicios audiovisuales actualmente, deberían competir en igualdad de condiciones con los nuevos interesados”, agregaron.
El decreto del 23 de enero suspendió el llamado a interesados para Montevideo en función de que habría eventuales oferentes que requieren más plazo. “Pero en lugar de extender el plazo se establece solamente la suspensión (…)”, expresa la chai. “Esto resulta sumamente preocupante porque se corre el riesgo de paralizar el proceso de implementación de la televisión digital en el país hasta 2015. Cabe recordar que a partir del 26 de octubre ya no es posible realizar adjudicaciones de radio y televisión, porque como establece la ley 17.909 de 2005, éstas no pueden realizarse un año antes y seis meses después de las elecciones nacionales”, advierten las organizaciones. La chai está integrada también por delegados de las universidades privadas, Andebu, el mec y el miem.
Montevideo, 28 de febrero de 2013
Comisión Honoraria Asesora Independiente
exhorta a que con urgencia se realice el llamado suspendido para ofrecer TV
Digital y no se hagan excepciones con los actuales adjudicatarios de TV privada
comercial
COMUNICADO
SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y
MINERÍA.
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Ante los decretos
del Poder Ejecutivo del 31 de diciembre y 23 de enero pasados sobre TV digital
los integrantes de la Comisión Honoraria Asesora Independiente manifestamos las
siguientes preocupaciones:
- El decreto del 31 de diciembre de 2012, al realizar el llamado a interesados a brindar servicios de televisión comercial digital en Montevideo, estableció una modificación al decreto del 11 de mayo de 2012 en un sentido que entendemos no corresponde.
- En efecto, en los considerandos se reitera la conveniencia de “propiciar la continuidad de los actuales servicios de radiodifusión de televisión comercial en el nuevo entorno digital” y se afirma luego que el decreto de mayo de 2012 no recogió esta intención. Sin embargo cabe recordar que dicho decreto reservó un canal para que los actuales adjudicatarios continúen ofreciendo los mismos servicios que hoy, compartiendo una frecuencia entre los tres, algo que la nueva tecnología digital permite.
- No corresponde,
en cambio, adjudicarle a cada uno de ellos un canal completo (6 Mhz), porque
ello equivale a habilitar, para cada empresa, una señal en alta definición (HD),
hasta tres señales en definición estándar (SD) dependiendo de la compresión
(MPEG-2 o MPEG-4), una señal para recepción en telefonía móvil, computadores
portátiles o vehículos, además de servicios interactivos. Dado que estas
empresas no ofrecen esta variedad de servicios audiovisuales actualmente,
deberían competir en igualdad de condiciones con los nuevos interesados que
deseen presentarse si quieren ofrecer estas nuevas posibilidades.
- El decreto del 31 de diciembre, sin embargo, adjudica a estas tres empresas un canal completo, excluyéndolos, entre otras cosas, de la evaluación de esta Comisión Asesora y de la Audiencia Pública en la que debían presentar su propuesta a la ciudadanía. Se establece así una desigualdad indebida entre los distintos oferentes y se elimina un elemento clave de transparencia y participación ciudadana en el proceso de adjudicación. Sienta además un mal precedente para futuras adjudicaciones (por ejemplo en el interior del país) y hace perder buena parte de su sentido al trabajo de esta Comisión, que integramos honorariamente a solicitud del Poder Ejecutivo.
- El decreto del 23
de enero, por su parte, suspende el llamado a interesados para Montevideo,
fundado en el hecho de que habría eventuales oferentes que requieren más plazo.
Pero en lugar de extender el plazo se establece solamente la suspensión y, hasta el día de hoy, no se ha vuelto a
abrir el llamado.
- Esto resulta sumamente preocupante porque se corre el riesgo de paralizar el proceso de implementación de la televisión digital en el país hasta 2015. Cabe recordar que, a partir del 26 de octubre ya no es posible realizar adjudicaciones de radio y televisión, porque como establece la Ley 17909 de 2005, éstas no pueden realizarse un año antes y seis meses después de las elecciones nacionales. Cabe recordar también que a este llamado para Montevideo deben seguir otros para el interior, así como los correspondientes al sector comunitario que ni siquiera llegaron a abrirse.
- En caso de que este riesgo se concrete la sociedad uruguaya verá postergada la posibilidad de contar con nuevas ofertas televisivas, permaneciendo sólo los actuales adjudicatarios.
- Esta demora se
suma a otras que han hecho que, desde que se tomaron las primeras decisiones
sobre este tema en nuestro país en 2007, no haya podido concretarse
efectivamente el despliegue de la televisión digital, con marchas, contramarchas
e indefiniciones que han inviabilizado el proceso.
Por todo
ello, en ejercicio de las funciones asignadas a esta Comisión, recomendamos al
Poder Ejecutivo
- Que realice con
urgencia el llamado a interesados en ofrecer servicios de Televisión Digital y
tome los recaudos para que las adjudicaciones puedan realizarse antes del 26 de
octubre.
- Que al realizar
estos llamados no introduzca excepciones para los actuales adjudicatarios como
las dispuestas en el decreto del 31 de diciembre pasado.
Manifestamos finalmente
nuestra disposición a seguir asesorando honorariamente al Poder Ejecutivo en
este tema, en tanto se den condiciones adecuadas para ello. Los integrantes de
la Comisión contamos con experiencia y conocimientos que pueden resultar
valiosos si se quiere asegurar un proceso de despliegue de la televisión digital
efectivo en el país. La intervención de la CHAI en todo este proceso contribuye,
además, a la transparencia del mismo. Esperamos, entonces, que estas
posibilidades no se desaprovechen.
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