14 de octubre de 2011
Consulta Pública sobre el Decreto que regula el despliegue de la Televisión Digital Terrestre en Uruguay
Comentarios y aportes de la Coalición por una Comunicación Democrática
El presente documento fue elaborado por las organizaciones integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática en base a los aportes de todos sus miembros. A los efectos de establecer una opinión sobre los distintos aspectos regulados y/o omitidos por el decreto se utilizaron las siguientes referencias:
a. Estándares de libertad de expresión, derecho a la información, pluralismo y diversidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
b. 16 Principios para una Comunicación Democrática, elaborado por la propia CCD.
c. Propuesta de la sociedad civil Por una Televisión Digital que respete los estándares de libertad de expresión, diversidad cultural, pluralidad y derecho a la información.
A continuación los aportes acordados por la Coalición:
I) Necesidad de aprobar en forma urgente una Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual
La decisión del Poder Ejecutivo de iniciar por decreto la transición y despliegue de la televisión digital deja en evidencia la necesidad de aprobar con urgencia una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Coalición manifestó en su momento que los importantes derechos en juego, el advenimiento de nuevos operadores, la regulación de la concentración, las enormes carencias de la legislación nacional en materia de los derechos de las personas ante los medios de comunicación, la regulación de la publicidad, la educación para los medios y un largo etcétera, hacían indispensable avanzar en una nueva legislación integral para la política pública de comunicación.
Propuesta
Aprobar en forma urgente una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para consolidar algunos avances del decreto proyectado, y así integrar las enormes lagunas que existen y desarrollar los restantes principios para una comunicación democrática que el decreto por su naturaleza no puede incorporar.
Volver a convocar a la brevedad el Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para retomar la elaboración de un proyecto de ley cuyo borrador, en base a los aportes de la Dinatel y del CTC, debe ser aportado por la propia Dinatel.
II) Aspectos del decreto proyectado a destacar:
• La Coalición quiere subrayar el avance que supone el contenido del proyecto de decreto que pretende regular la asignación de espectro para la TDT para Uruguay y la región, en virtud de que se realiza, mayormente, bajo estándares de transparencia, pluralismo, diversidad, y libertad de expresión.
• En ese sentido el decreto contempla los siguientes principios presentados oportunamente por la Coalición para una Comunicación Democrática: principio 3 (el
espectro es un bien público); principio 4 (Convivencia equitativa de tres tipos de medios de comunicación); principio 7 (Diversidad y Pluralidad); y principio 14 (asignación por concurso y prestación gratuita del servicio). (ver documento 16 Principios para una Comunicación Democrática)
• La Coalición destaca especialmente el avance que supone establecer tres sectores en la comunicación audiovisual (público, privado-comercial y social-comunitario) en equilibrio en cuanto a la cantidad de espectro asignado a cada uno de ellos.
• La Coalición aprueba y celebra el establecimiento del pago de un precio o canon por el uso de un bien público a todos los operadores de televisión, cuyo destino exclusivo será el fomento de la producción audiovisual de televisión. Se trataba de una grave omisión del Estado uruguayo que ha permitido una extracción de fondos a los ciudadanos a través de la pauta publicitaria y una acumulación de capital y de concentración de la riqueza en manos de un pequeño grupo de empresas de comunicación, a expensas del uso de un bien público. No obstante apoyar este precio o canon, la Coalición quiere llamar la atención sobre el bajo monto establecido para el pago del mismo (un 1% máximo frente a precios que oscilan entre 5% y 10% en buena parte del mundo). También advierte la necesidad de una reglamentación transparente y participativa de dicho fondo, que asegure un porcentaje de los mismos para la producción audiovisual en el sector comunitario, que por ser el más nuevo y sin fines de lucro, es el que enfrenta mayores desafíos para producir contenidos.
• Destacamos la importancia de la creación del Foro consultivo de TV digital, para la implementación y el despliegue de la TV digital abierta y gratuita, con la participación de los actores involucrados, la academia y la sociedad civil.
III) En cuanto a los procesos de asignación de frecuencias
La Coalición quiere destacar el establecimiento de procesos competitivos, transparentes, en pie de igualdad y sin obstáculos económicos, para la asignación del liberado para el uso de la televisión digital para todos aquellos nuevos operadores que aspiren hacer uso del espectro.
No obstante, la Coalición quiere señalar como un error y una violación parcial a este principio, el hecho de que los actuales operadores de la televisión privada tengan un tratamiento privilegiado y se les asigne automáticamente, nada menos que un canal múltiplex completo.
De la lectura de los artículos 10 y 11 del proyecto del decreto surgen dos procedimientos distintos para asignar canales a los interesados, según sean los actuales titulares (art. 10) o nuevos interesados (art. 11). A los actuales titulares se les podrá asignar en forma directa un canal de 6 Mhz en atención a sus “antecedentes”, simplemente aceptando las nuevas condiciones que todos deberán respetar.
En conclusión, los operadores establecidos desde hace 50 años no deberán pasar por un concurso abierto, no competirán con otras propuestas y tendrán asegurado una cantidad de señales y de servicios mucho mayor a las que hoy brindan.
Sin embargo, los nuevos interesados deberán acudir a un proceso competitivo (art. 11). Lo mismo ocurre con los canales comunitarios, que deberán pasar por un proceso competitivo similar al que están sometidas actualmente las radios comunitarias.
La coalición considera que el régimen especial destinado a los actuales canales privados es inconstitucional y violenta el principio de igualdad ante la constitución y la ley (Art. 8 de la Constitución).
Propuesta
Como ya lo advirtió la Coalición en el mes de mayo, al presentar su documento sobre la TDT, los canales que actualmente emiten en virtud de premisos precarios y revocables –pero en los hechos indefinidos-, invocando derechos adquiridos no pueden acceder directamente sino a una sola señal espejo.
Desde el punto de vista ciudadano nos preguntamos: Ahora, ¿los dueños de estos canales no tendrán que hacer una presentación de su proyecto comunicacional?
De acuerdo a la Constitución y a las leyes que regulan los procedimientos administrativos, los actuales operadores para acceder a nuevo espectro y nuevos servicios deberán pasar por el mismo concurso abierto, público y transparente que los restantes postulantes, sin perjuicio de que el pliego de la licitación les otorgue un puntaje por los antecedentes en la materia.
Como se pide en el decreto para los restantes operadores: “En el caso de interesados en utilizar un canal de 6 MHz deberán presentar propuesta explicitando cómo ocuparán todo el canal”
Finalmente, la coalición comparte la devolución de las frecuencias actuales donde operan los canales analógicos, pero propone establecer un mínimo del 60% de la transición para que ello deba producirse obligatoriamente.
IV) Plazos
La Coalición comparte el establecimiento por primera vez en la historia del país de plazos para explotar las frecuencias de televisión, pero no comparte la excesiva cantidad de años otorgados para la explotación de las mismas (15 años).
Propuesta
Consideramos además que el plazo establecido contradice los plazos de explotación considerados en la ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria, que con un rango superior al decreto estableció un máximo de 10 años, con opción a otros cinco años de servicio –y previa audiencia pública y rendición de cuentas-.Se establece así una situación de desigualdad entre distintos operadores de medios de comunicación. En ese sentido, el decreto debería seguir el estándar establecido en la referida ley.
V) Transferencias y arrendamiento de espacios
El artículo 8 del decreto constituye un paso adelante en materia de regulación del negocio de la cesión y arrendamientos de espacios por parte de los titulares de servicios de radiodifusión.
De acuerdo al inciso h) los titulares de servicios de radiodifusión de televisión digital comercial no podrán ceder, arrendar o transferir de ninguna manera a terceros, sea directa o indirectamente, el uso de parte de dicho espectro.
Esta disposición era absolutamente necesaria, teniendo en cuenta la historia de cesiones y enajenaciones encubiertas de espacios, ocurridas durante años en la radiodifusión nacional.
No obstante, la Coalición considera insuficiente la regulación relativa a transferencias establecida en el inciso j) del mismo artículo, que señala: las autorizaciones para brindar servicios de radiodifusión de televisión digital serán otorgadas con carácter personal, quedando prohibido todo negocio que implique, directa o indirectamente, total o parcialmente, la transferencia de la titularidad dentro de los primeros 5 años de haber sido otorgada. El Poder Ejecutivo sólo podrá considerar las solicitudes de transferencias de autorizaciones dentro de este plazo, en caso de fallecimiento de su titular. Si en cualquier momento se hiciera imposible
la explotación del servicio, por razones debidas o relacionadas con los radiodifusores, caducarán las autorizaciones.
Es insuficiente la prohibición de enajenar en los primeros cinco años por varias razones: a partir del otorgamiento de las frecuencias recién comienza la transición digital, por lo que la televisión digital estará funcionando a pleno en el país en cinco o más años. Quién acceda a una frecuencia podrá preparar la entrada en funciones del medio de comunicación y venderlo llave en mano cuando se encuentre maduro el mercado. Es además, un plazo breve en relación a estándares internacionales.
Propuesta
La coalición mantiene la posición manifestada en el documento 16 Principios para una Comunicación Democrática, de no permitir las transferencias durante el primer período de concesión.
En caso de persistir en el camino de permitir las transferencias se debe establecer un plazo de explotación directa por parte del adjudicatario no menor a dos tercios del plazo total y establecer requerimientos más exigentes para autorizar la transferencia.
Se apunta además una omisión importante, en el sentido de que para asignar una frecuencia se exige concursar, presentar una propuesta comunicación al y pasar por la aprobación del CHAI, pero para autorizar una transferencia no se le exige al comprador presentar el plan comunicación al a desarrollar, ni la aprobación del CHAI.
VI) Sector comunitario
Respecto al sector comunitario, si bien la norma reserva un tercio del espectro para este tipo de iniciativas, cabe llamar la atención frente a la inexistencia de decisiones para apoyar y promover al sector comunitario, el más débil de todos.
Propuesta
Consideramos que la regulación debió incluir, entre otras cosas, la regla must carrier que obligue a los operadores privados con infraestructura y enormes niveles de concentración, a arrendar sus antenas al sector comunitario y destinar un porcentaje del canal múltiplex a transmitir una señal comunitaria.
También se propone que se permitan las alianzas en materia de infraestructura entre diversos operadores públicos de red y el sector comunitario, a fin de facilitarle a este sector el acceso a antenas.
Consideramos indispensable que el decreto establezca un fondo de promoción del sector comunitario, que deberá ser reglamentado en un plazo de 90 días.
VII) Sector público
La coalición coincide con la línea esbozada en el proyecto del decreto destinada a fortalecer al sector público televisivo, Es un acierto establecer que el sector público tendrá a disposición una cantidad de frecuencias similar a los restantes sectores.
No obstante, se apunta como una debilidad la falta de exigencias, tales como la presentación de un plan comunicacional y audiencia pública para los canales del sector público que migran al formato digital.
En ese sentido la coalición reivindica la necesidad de un sector público independiente del gobierno, dotado de transparencia y que desarrolle un plan comunicacional puesto a consideración de los organismos de participación y los ciudadanos en general. No deberían existir excepciones a la hora de exigir calidad y proyectos de comunicación diversos a los adjudicatarios de espectro.
Propuesta
Aplicar cuando se proceda otorgar una frecuencia o múltiplex a un operador público los requisitos exigidos en el Art. 8 literal e del decreto, más allá que no concursen por la asignación.
Deberán presentar como requisito información sobre el proyecto comunicacional y de negocios que se comprometen a brindar a la población de obtener la autorización indicando, entre otros aspectos: el plan de programación a desarrollar; cantidad, tipo y géneros de señales audiovisuales propias que ofrecerán; cantidad y tipo de producción audiovisual nacional y local propia; creación de empleos directos y cumplimiento de las garantías laborales; participación de productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y difusión relacionada con su servicio; y servicios conexos e interactivos que incluirán, en las condiciones establecidas en el literal b) del artículo 13 de este decreto.
En el caso de interesados en utilizar un canal de 6 MHz deberán presentar propuesta explicitando cómo ocuparán todo el canal, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) de este artículo.
La razón es que puede llegar a haber competencia por canales públicos, y que sería deseable que los mismos no tengan modelos de producción y temáticas redundantes. Que no sean utilizados con fines proselititistas por sus impulsores. Que presenten una sustentabilidad económica, ya que se financiarían con recursos que en principio podrían tener otro destino. Que generen genuina mano de obra, y que no se limiten a grillas de repetición de producciones descontextualizadas en el tiempo o en los contenidos. Además exponerlos en una audiencia pública podría llegar a ser un respaldo importante para estos medios que no se programan en función del rating.
Aplicando también en este caso el art. 15 del decreto con excepción del literal e.
VIII) Ausencia de límites a la concentración
La Coalición quiere señalar como algo preocupante que no se hayan establecido normas anti concentración en el proyecto de decreto y por lo contrario expresamente no es de aplicación el Art. 12 del decreto 734/78; justamente en el mismo tiempo que aumenta la cuota de señales de televisión que se asigna a los canales con mayores niveles de propiedad y control sobre la televisión nacional.
Otorgar a los canales 4, 10 y 12, en forma automática, un múltiplex completo de 6 Mhz significa asignarles el uso y la explotación de entre 4 y 6 señales adicionales y los servicios nuevos que permite la norma digital (interactividad, telefonía móvil, etc).
No es novedad, pero la televisión privada en Uruguay está dominada por los “tres grandes” de la televisión (los grupos titulares de los canales 4, 10 y 12). Estos tres grupos son titulares además de un canal de televisión para abonados en Montevideo y de varios cables del interior. También controlan en forma directa los siguientes canales de TV abierta: el canal 3 de Colonia, canal 8 Rosario, Canal 7 de Pan de Azúcar, canal 11 Punta del Este y Telerocha canal 9.
Por otra parte, a través de la Red Uruguaya de Televisión (Rutsa), proveen de contenido a los restantes 16 canales de televisión abierta privados del interior del país. De este modo en forma directa o indirecta sus contenidos se emiten en el 100% de la televisión abierta privada, más en buena parte de la televisión para abonados. Los niveles de audiencia nacional que concentran son de los más altos de la región. Solo el canal VTV, básicamente en su propuesta deportiva, ha supuesto una mínima apertura a la competencia.
Propuesta
Es crucial para el futuro de la diversidad en la televisión uruguaya que exista un procedimiento transparente y con medidas específicas para prevenir que los actuales operadores dominantes no se apropien de la mayor parte del dividendo digital.
No hay que olvidar que con la actual limitación de 3 frecuencias máximo en poder de una misma persona física o empresa y 2 en una banda (Art. 12 del decreto 734/78), los actuales grupos de la televisión no podrían acceder a nuevas frecuencias, sino a una señal digital espejo, a menos que devuelvan alguna de las otras frecuencias que tienen en titularidad en la zona sur del país. Si no se aprovecha la nueva asignación de espectro digital para corregir la pre concentración de estos canales, estaremos consolidándola para el futuro.
IX) Necesidad de una regulación para la publicidad
El decreto habilita la posibilidad de multiplicar los canales de televisión abierta y gratuita, lo que tendrá como consecuencia una expansión de la pauta publicitaria privada y pública en medios audiovisuales. Sin embargo, el decreto no contiene ninguna referencia a la regulación de la publicidad.
Actualmente observamos a diario un uso abusivo de la pauta publicitaria por parte de los canales de televisión privada, y aún en algunos programas de la televisión pública, al amparo de la pobrísima legislación en materia publicitaria. Informativos que se extienden en el tiempo para dar lugar a largas tandas publicitarias, chivos, tele ventas y publicidad dentro de los programas, etcétera.
El decreto 734/78 en su Art. 29 establece algunas limitaciones de tiempo a las tandas publicitarias, pero exclusivamente en el horario de 18 horas al cierre, siendo estas parciales, ya que ni siquiera limita la publicidad que se emite como parte de los programas. Estas regulaciones fueron concebidas para un momento en que la televisión analógica tenía un menor desarrollo, donde no estaban presentes fenómenos actuales como los publirreportajes, las tele ventas, etc.
Las posibilidades que se abren con la digitalización, donde un solo operador puede contar con entre 4 y 6 señales de TV en calidad estándar, hacen imprescindible establecer reglas distintas para la publicidad, que contemplen la nueva realidad, producto del desarrollo que han tenido las comunicaciones en los últimos años y que con la digitalización se verán potenciados.
Propuesta
Establecer regulaciones claras para la emisión de publicidad, identificando las distintas formas de esta (anuncio o spot, anuncio de tele venta, programa de tele venta, publirreportaje, tele promociones, patrocinios, sobre impresiones o transparencias, anuncios de autopromoción).
Determinar claramente el tiempo máximo de publicidad por hora de emisión, por todos los conceptos.
Establecer reglas, que impidan que los mensajes publicitarios incluyan mensajes discriminatorios y que respeten los derechos de niñas y niños, en la línea de las regulaciones que ya limitan la publicidad sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas. Estas regulaciones deberán contemplar a los tres sectores (público, privado comercial, privado comunitario) sin establecer discriminaciones entre ellos.
Se debe garantizar una real regulación de la publicidad, que establezca claramente los tiempos máximos de tandas publicitarias por hora de emisión y que evite la publicidad encubierta o como parte de los programas.
X) Diversidad, no discriminación, personas con discapacidad e infancia
El decreto de televisión digital no aborda la prevención de contenidos discriminatorios tanto en cuanto a publicidad como a contenidos en general.
En vista de los antecedentes que tienen los radiodifusores, y la gran cantidad de frecuencias que se van a asignar, el decreto debe establecer un plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento una legislación adecuada en materia de servicios audiovisuales y derechos de las personas.
La promoción de contenidos que promuevan la calidad de la comunicación y los derechos de las audiencias conforma una agenda de responsabilidad social que debe ser promovida por todos los actores de la comunicación.
Propuesta
La programación de los servicios previstos deberá impulsar contenidos que no promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, el idioma, el origen nacional o social, la posición económica, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o todo aquello que menoscabe la dignidad y la integridad humana.
Específicamente se debe garantizar el respeto estricto de los horarios de protección a la infancia y promover la producción de programas dirigidos a niños y niñas en horarios adecuados para que puedan ser visionados por ellos.
La promoción de contenidos que respeten a nuestros niños, niñas y adolescentes no puede esperar más. Se debe garantizar el respeto estricto de los horarios de protección al menor, fijando franjas horarias de protección para niños, niñas y adolescentes, exigir la señalización y clasificación que faciliten el control parental y promover la producción de programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, en horarios adecuados para que puedan ser visionados por ellos. La aplicación de políticas de protección son inútiles si no se determina claramente cuál es el organismo competente para su fiscalización.
La Coalición celebra la incorporación en el artículo 15 del mismo de la obligación de incluir mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad. No obstante se deberían fijar plazos y cantidad de programas que deberán contar con lenguaje de señas y audio descripción y no quedarse en una definición tan vaga que dependa de la buena voluntad de los radiodifusores.
XI) Acceso a la nueva tecnología/Convergencia/Servicios conexos
La coalición quiere llamar la atención sobre la falta de referencias a las ayudas o políticas públicas del Estado para el acceso a la televisión digital, de los sectores vulnerables y/o con menores recursos, uno de los principios centrales para tener una comunicación democrática.
La Coalición quiere apuntar que el decreto de televisión digital proyectado no resuelve el problema de múltiples prestadores de Internet, asó como los servicios conexos que se pueden prestar con la televisión digital.
Propuesta
A continuación la coalición propone una serie de soluciones a los problemas de accesibilidad, neutralidad en el manejo de la red y convergencia tecnológica:
La aprobación a la brevedad de un decreto que regule el acceso subvencionado o gratuito a los set box por parte de sectores de recursos bajos y medios, que permitan la recepción de los canales digitales y la interactividad.
La URSEC, debe cumplir con su rol regulador y homologar todos aquellos Set box y receptores de TV, que se ofrezcan en plaza, garantizando que ellos sean aptos para la nueva tecnología, además de permitir la interactividad. De no contar con la homologación no deberían ser comercializados en plaza.
Se debe garantizar en el plazo más breve posible una conexión gratuita y universal a Internet, que haga posible la interactividad.
XII) Acceso a infraestructura
El artículo 19 del decreto limita a dos actores públicos la posibilidad de brindar servicios e infraestructura de transmisión a terceros que no dispongan de al tecnología, en los siguientes términos:
"Art. 19.- Autorizar a Televisión Nacional Uruguay (TNU) y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), individual o conjuntamente si así lo acuerdan, como los únicos habilitados a brindar acceso a infraestructura de transmisión a titulares de servicios de radiodifusión de televisión digital que no dispongan de ella."
La coalición considera que otros actores públicos podrían prestar el servicio de acceso a infraestructura de transmisión, y que en todos los casos los sujetos habilitados a actuar bajo el principio de no discriminación a los actores interesados en acceder la infraestructura.
No está claro a que se refiere con "infraestructura de transmisión", pero por ejemplo si fuera antena y transmisor, la Intendencia de Montevideo por ejemplo ya cuenta por un punto de emisión privilegiado con antena ya instalada que podría compartir con los canales adyacentes que emitan desde el mismo punto.
Hay otros servicios que podrían prestar los públicos y que podrían ser considerados servicios de infraestructura como servidores (que van a quedar ociosos en calidad SD), enlaces de microondas, cámaras, etc. que podrían competir en costos sobre todo para el sector comunitario.
Hay un know how en generación de grilla, que también podría llegar a ser un servicio de infraestructura. Entendemos que esto es importante, porque si bien hay servicios que solo ANTEL puede prestar, para invertir en infraestructura en los nuevos canales públicos la misma debería justificarse mas allá del uso propio para recuperar parte de la inversión, permitiendo la actualización y el mantenimiento.
Sin otro particular,
Cordiales saludos,
Coalición por una Comunicación Democrática
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
viernes 14 de octubre de 2011
miércoles 5 de octubre de 2011
Ante la consulta pública sobre el borrador de decreto para la asignación de la Televisión Digital en Uruguay
COMUNICADO
La Coalición por una Comunicación Democrática quiere saludar la iniciativa del Poder Ejecutivo de poner en consulta pública el borrador de decreto para la asignación y regulación de las frecuencias para la Televisión Digital Terrestre.
El solo hecho de abrir un espacio a la consulta y reflexión de una norma destinada a administrar el espectro para los próximos 15 años, como el propio borrador lo plantea, es un hecho positivo e inédito en la historia de la regulación de la radiodifusión nacional. Coincide además con uno de los reclamos permanentes de la Coalición en cuánto a abrir estos tremas a la participación y consulta de todos los actores involucrados.
No obstante, parece extremadamente corto el plazo previsto para presentar aportas, en vista de la complejidad técnica y jurídica de algunos de los aspectos abordados por el decreto.
La Coalición ha citado a asamblea urgente a todas las organizaciones que la integran, para el día jueves 6 de octubre a las 18 horas en el local de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), a los efectos de articular una posición y propuestas para hacer llegar al Ejecutivo en el marco de la consulta pública.
Montevideo, 04 de octubre de 2011
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Coalición por una Comunicación Democrática
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
La Coalición por una Comunicación Democrática quiere saludar la iniciativa del Poder Ejecutivo de poner en consulta pública el borrador de decreto para la asignación y regulación de las frecuencias para la Televisión Digital Terrestre.
El solo hecho de abrir un espacio a la consulta y reflexión de una norma destinada a administrar el espectro para los próximos 15 años, como el propio borrador lo plantea, es un hecho positivo e inédito en la historia de la regulación de la radiodifusión nacional. Coincide además con uno de los reclamos permanentes de la Coalición en cuánto a abrir estos tremas a la participación y consulta de todos los actores involucrados.
No obstante, parece extremadamente corto el plazo previsto para presentar aportas, en vista de la complejidad técnica y jurídica de algunos de los aspectos abordados por el decreto.
La Coalición ha citado a asamblea urgente a todas las organizaciones que la integran, para el día jueves 6 de octubre a las 18 horas en el local de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), a los efectos de articular una posición y propuestas para hacer llegar al Ejecutivo en el marco de la consulta pública.
Montevideo, 04 de octubre de 2011
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Coalición por una Comunicación Democrática
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
Ante la consulta pública sobre el borrador de decreto para la asignación de la Televisión Digital en Uruguay
COMUNICADO
La Coalición por una Comunicación Democrática quiere saludar la iniciativa del Poder Ejecutivo de poner en consulta pública el borrador de decreto para la asignación y regulación de las frecuencias para la Televisión Digital Terrestre.
El solo hecho de abrir un espacio a la consulta y reflexión de una norma destinada a administrar el espectro para los próximos 15 años, como el propio borrador lo plantea, es un hecho positivo e inédito en la historia de la regulación de la radiodifusión nacional. Coincide además con uno de los reclamos permanentes de la Coalición en cuánto a abrir estos tremas a la participación y consulta de todos los actores involucrados.
No obstante, parece extremadamente corto el plazo previsto para presentar aportas, en vista de la complejidad técnica y jurídica de algunos de los aspectos abordados por el decreto.
La Coalición ha citado a asamblea urgente a todas las organizaciones que la integran, para el día jueves 6 de octubre a las 18 horas en el local de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), a los efectos de articular una posición y propuestas para hacer llegar al Ejecutivo en el marco de la consulta pública.
Montevideo, 04 de octubre de 2011
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Coalición por una Comunicación Democrática
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La Coalición por una Comunicación Democrática quiere saludar la iniciativa del Poder Ejecutivo de poner en consulta pública el borrador de decreto para la asignación y regulación de las frecuencias para la Televisión Digital Terrestre.
El solo hecho de abrir un espacio a la consulta y reflexión de una norma destinada a administrar el espectro para los próximos 15 años, como el propio borrador lo plantea, es un hecho positivo e inédito en la historia de la regulación de la radiodifusión nacional. Coincide además con uno de los reclamos permanentes de la Coalición en cuánto a abrir estos tremas a la participación y consulta de todos los actores involucrados.
No obstante, parece extremadamente corto el plazo previsto para presentar aportas, en vista de la complejidad técnica y jurídica de algunos de los aspectos abordados por el decreto.
La Coalición ha citado a asamblea urgente a todas las organizaciones que la integran, para el día jueves 6 de octubre a las 18 horas en el local de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), a los efectos de articular una posición y propuestas para hacer llegar al Ejecutivo en el marco de la consulta pública.
Montevideo, 04 de octubre de 2011
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Coalición por una Comunicación Democrática
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
Ante la consulta pública sobre el borrador de decreto para la asignación de la Televisión Digital en Uruguay
COMUNICADO
La Coalición por una Comunicación Democrática quiere saludar la iniciativa del Poder Ejecutivo de poner en consulta pública el borrador de decreto para la asignación y regulación de las frecuencias para la Televisión Digital Terrestre.
El solo hecho de abrir un espacio a la consulta y reflexión de una norma destinada a administrar el espectro para los próximos 15 años, como el propio borrador lo plantea, es un hecho positivo e inédito en la historia de la regulación de la radiodifusión nacional. Coincide además con uno de los reclamos permanentes de la Coalición en cuánto a abrir estos tremas a la participación y consulta de todos los actores involucrados.
No obstante, parece extremadamente corto el plazo previsto para presentar aportas, en vista de la complejidad técnica y jurídica de algunos de los aspectos abordados por el decreto.
La Coalición ha citado a asamblea urgente a todas las organizaciones que la integran, para el día jueves 6 de octubre a las 18 horas en el local de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), a los efectos de articular una posición y propuestas para hacer llegar al Ejecutivo en el marco de la consulta pública.
Montevideo, 04 de octubre de 2011
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Coalición por una Comunicación Democrática
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
La Coalición por una Comunicación Democrática quiere saludar la iniciativa del Poder Ejecutivo de poner en consulta pública el borrador de decreto para la asignación y regulación de las frecuencias para la Televisión Digital Terrestre.
El solo hecho de abrir un espacio a la consulta y reflexión de una norma destinada a administrar el espectro para los próximos 15 años, como el propio borrador lo plantea, es un hecho positivo e inédito en la historia de la regulación de la radiodifusión nacional. Coincide además con uno de los reclamos permanentes de la Coalición en cuánto a abrir estos tremas a la participación y consulta de todos los actores involucrados.
No obstante, parece extremadamente corto el plazo previsto para presentar aportas, en vista de la complejidad técnica y jurídica de algunos de los aspectos abordados por el decreto.
La Coalición ha citado a asamblea urgente a todas las organizaciones que la integran, para el día jueves 6 de octubre a las 18 horas en el local de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), a los efectos de articular una posición y propuestas para hacer llegar al Ejecutivo en el marco de la consulta pública.
Montevideo, 04 de octubre de 2011
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Coalición por una Comunicación Democrática
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
sábado 1 de octubre de 2011
Consulta pública sobre decreto de TV Digital
Montevideo, 29 de setiembre de 2011
El MIEM abrió hoy un breve pero importante periodo de consulta pública sobre el decreto de TV digital.
Más detalles y acceso al borrador a consideración puede encontrarse en www.miem.gub.uy
Gustavo Gómez Germano
Director
Dirección Nacional de Telecomunicaciones
y Servicios de Comunicación Audiovisuales
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Sarandí 690 2do EP Edificio Ciudadela
Montevideo – Uruguay
Tel. (598) 2915 0856 / 2916 7923
Fax. (598) 2915 0856 / 2916 7923
E-mail: gustavo.gomez@dinatel.miem.gub.uy
www.dinatel.gub.uy
El MIEM abrió hoy un breve pero importante periodo de consulta pública sobre el decreto de TV digital.
Más detalles y acceso al borrador a consideración puede encontrarse en www.miem.gub.uy
Gustavo Gómez Germano
Director
Dirección Nacional de Telecomunicaciones
y Servicios de Comunicación Audiovisuales
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Sarandí 690 2do EP Edificio Ciudadela
Montevideo – Uruguay
Tel. (598) 2915 0856 / 2916 7923
Fax. (598) 2915 0856 / 2916 7923
E-mail: gustavo.gomez@dinatel.miem.gub.uy
www.dinatel.gub.uy
miércoles 24 de agosto de 2011
DECLARACIÓN PÚBLICA: Ante el anuncio de remoción del Director Nacional de Telecomunicaciones Gustavo Gómez
19 de agosto de 2011
DECLARACIÓN PÚBLICA:
Ante el anuncio de remoción del
Director Nacional de Telecomunicaciones Gustavo Gómez
La declaración que se transcribe a continuación ha sido firmada por todas las organizaciones integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (cuyo detalle consta al pie de este texto), así como por otras organizaciones, ciudadanas y ciudadanos interesados en la política pública de telecomunicaciones y medios de comunicación. La carta también ha sido colgada en el sitio http://www.youvote.info/es/participante/coalicion-comunicacion-democratica/ a los efectos de acompañar una petición para que no se remueva a Gustavo Gómez como Director Nacional de Telecomunicaciones y se siga adelante con la elaboración y aprobación de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una asignación transparente, plural y diversa de las señales para la televisión digital.
Las organizaciones y personas abajo firmantes, ante el anuncio de remoción de Gustavo Gómez como Director Nacional de Telecomunicaciones, quieren manifestar:
1.- Consideramos incomprensible e inoportuno que se desplace de un cargo clave para las comunicaciones a quien fomentó la transparencia, la participación y los criterios técnicos para la administración del espectro radioeléctrico, la regulación de los servicios de comunicación audiovisual y la generación de una política pública de telecomunicaciones, inexistente hasta el momento. Por primera vez los diversos actores empresariales, sociales, técnicos y académicos encontraron un interlocutor claro y confiable con el que dialogar abierta y continuamente, en el acuerdo o la diferencia, en torno a las políticas de comunicación del país.
2.- Parece un contrasentido que se remueva a Gómez, promotor de una regulación garantista y transparente para asignar el nuevo dividendo digital, en momentos en que el gobierno debe tomar la decisión más importante en esta materia en los últimos 20 años. Se ha dicho desde el Ministerio de Industria que la línea técnica y política marcada por el director es la que se va a aplicar. ¿Por qué entonces no se le permite continuar con este proceso?
3.- El Comité Técnico Consultivo para discutir las bases de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovido por Gómez de modo inclusivo y absolutamente transparente, constituye un hito en la historia de las comunicaciones en el país. Las conclusiones de este comité, integrado por trabajadores, empresarios, académicos e integrantes de la sociedad civil, son una referencia en la forma de discutir y construir en torno a temas que en otros países han generado polarización y división.
4.- En el área de las telecomunicaciones Gómez ha promovido una concepción que apunta a garantizar la libertad de expresión, la libre circulación y la neutralidad en la regulación de Internet. Es necesario que todos los uruguayos sepamos cuál es la política de Estado para Internet y banda ancha, un derecho humano ya consagrado en muchas legislaciones. La empresa pública de telecomunicaciones tiene un papel clave aunque no exclusivo a jugar en este terreno, que debe articularse de modo coherente con el conjunto de las políticas de comunicación y debatirse en forma pública y transparente.
5.- La aplicación en curso de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, con llamados públicos realizados y audiencias públicas previstas, así como el comienzo de la generación de políticas activas de promoción del sector de medios comunitarios, tal como ordena dicha Ley, es otra de las áreas clave promovida por la DINATEL durante la gestión de su actual Director.
6.- Por todo lo anterior solicitamos al gobierno que no concrete el anunciado cese del Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual Gustavo Gómez.
7.- Asimismo y como lo hemos venido planteando en los últimos dos años, creemos imprescindible que el gobierno sea explícito, claro y transparente en torno a estos sensibles temas en juego. En particular y en lo inmediato nos preocupan los siguientes aspectos:
- ¿Cómo y cuándo se va a concretar el envio del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Parlamento?
- ¿Cuándo y cómo se pondrá en consulta pública la modalidad de asignación del espectro radioeléctrico para la televisión digital abierta, un bien público al decir del propio Presidente de la República?
- ¿Cómo se va a administrar la red de Internet, qué política pública se aplicará a la banda ancha y qué actores van a regularla en Uruguay?
Siguen las firmas recibidas hasta el momento, al tiempo que se siguen recepcionando firmas para adherir a esta petición, tanto de organizaciones como personales, en: http://www.youvote.info/es/participante/coalicion-comunicacion-democratica/
ORGANIZACIONES
Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo
Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC)
Asociación de estudiantes de Ciencias de la Comunicación (AECCO)
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay (ASOPROD)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Uruguay (AMARC-UY)
Atabaque
Causa Común
Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO)
Colectivo Árbol
Colectivo Ovejas Negras
Comisión Nacional de Seguimiento (CNS)
Comité de los Derechos del Niño, Uruguay
Comunicación participativa desde el Cono Sur (COMCOSUR)
Consumidores y Usuarios Asociados (CUA)
Cotidiano Mujer
Federación Uruguaya de Teatro Independiente (FUTI)
Grupo Medios y Sociedad (GMS)
Idas y Vueltas
Institución Federada Afroumbandista del Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)
Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur
Organización La Barca del Sur
Profesionales de la Comunicación (UDELAR)
Red de Apoyo al Migrante
Red Especial Uruguaya (Redesuy)
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Sindicato de Trabajadores de Cablevisión
Sociedad Uruguaya de Actores (SUA)
Teatro El Galpón
PERSONALES
Mario Handler
Pablo Accuosto
Carlos Casares
Eleonora Navatta
Víctor Burgos
Hernán Tajam
Walter Tournier
Ana Laura Rivoir
Susana Lamschtein
Ma. Julia Morales
Mario Jacob
Mabel Altieri
Juan Pellicer
Marisa Busakr
Sara Brando
Gustavo Bouquet
María Pia Matta - Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Luis Rodríguez
Antonio Romano
http://comunicaciondemocratica.blogspot.com/
DECLARACIÓN PÚBLICA:
Ante el anuncio de remoción del
Director Nacional de Telecomunicaciones Gustavo Gómez
La declaración que se transcribe a continuación ha sido firmada por todas las organizaciones integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (cuyo detalle consta al pie de este texto), así como por otras organizaciones, ciudadanas y ciudadanos interesados en la política pública de telecomunicaciones y medios de comunicación. La carta también ha sido colgada en el sitio http://www.youvote.info/es/participante/coalicion-comunicacion-democratica/ a los efectos de acompañar una petición para que no se remueva a Gustavo Gómez como Director Nacional de Telecomunicaciones y se siga adelante con la elaboración y aprobación de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una asignación transparente, plural y diversa de las señales para la televisión digital.
Las organizaciones y personas abajo firmantes, ante el anuncio de remoción de Gustavo Gómez como Director Nacional de Telecomunicaciones, quieren manifestar:
1.- Consideramos incomprensible e inoportuno que se desplace de un cargo clave para las comunicaciones a quien fomentó la transparencia, la participación y los criterios técnicos para la administración del espectro radioeléctrico, la regulación de los servicios de comunicación audiovisual y la generación de una política pública de telecomunicaciones, inexistente hasta el momento. Por primera vez los diversos actores empresariales, sociales, técnicos y académicos encontraron un interlocutor claro y confiable con el que dialogar abierta y continuamente, en el acuerdo o la diferencia, en torno a las políticas de comunicación del país.
2.- Parece un contrasentido que se remueva a Gómez, promotor de una regulación garantista y transparente para asignar el nuevo dividendo digital, en momentos en que el gobierno debe tomar la decisión más importante en esta materia en los últimos 20 años. Se ha dicho desde el Ministerio de Industria que la línea técnica y política marcada por el director es la que se va a aplicar. ¿Por qué entonces no se le permite continuar con este proceso?
3.- El Comité Técnico Consultivo para discutir las bases de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovido por Gómez de modo inclusivo y absolutamente transparente, constituye un hito en la historia de las comunicaciones en el país. Las conclusiones de este comité, integrado por trabajadores, empresarios, académicos e integrantes de la sociedad civil, son una referencia en la forma de discutir y construir en torno a temas que en otros países han generado polarización y división.
4.- En el área de las telecomunicaciones Gómez ha promovido una concepción que apunta a garantizar la libertad de expresión, la libre circulación y la neutralidad en la regulación de Internet. Es necesario que todos los uruguayos sepamos cuál es la política de Estado para Internet y banda ancha, un derecho humano ya consagrado en muchas legislaciones. La empresa pública de telecomunicaciones tiene un papel clave aunque no exclusivo a jugar en este terreno, que debe articularse de modo coherente con el conjunto de las políticas de comunicación y debatirse en forma pública y transparente.
5.- La aplicación en curso de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, con llamados públicos realizados y audiencias públicas previstas, así como el comienzo de la generación de políticas activas de promoción del sector de medios comunitarios, tal como ordena dicha Ley, es otra de las áreas clave promovida por la DINATEL durante la gestión de su actual Director.
6.- Por todo lo anterior solicitamos al gobierno que no concrete el anunciado cese del Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual Gustavo Gómez.
7.- Asimismo y como lo hemos venido planteando en los últimos dos años, creemos imprescindible que el gobierno sea explícito, claro y transparente en torno a estos sensibles temas en juego. En particular y en lo inmediato nos preocupan los siguientes aspectos:
- ¿Cómo y cuándo se va a concretar el envio del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Parlamento?
- ¿Cuándo y cómo se pondrá en consulta pública la modalidad de asignación del espectro radioeléctrico para la televisión digital abierta, un bien público al decir del propio Presidente de la República?
- ¿Cómo se va a administrar la red de Internet, qué política pública se aplicará a la banda ancha y qué actores van a regularla en Uruguay?
Siguen las firmas recibidas hasta el momento, al tiempo que se siguen recepcionando firmas para adherir a esta petición, tanto de organizaciones como personales, en: http://www.youvote.info/es/participante/coalicion-comunicacion-democratica/
ORGANIZACIONES
Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo
Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC)
Asociación de estudiantes de Ciencias de la Comunicación (AECCO)
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay (ASOPROD)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Uruguay (AMARC-UY)
Atabaque
Causa Común
Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO)
Colectivo Árbol
Colectivo Ovejas Negras
Comisión Nacional de Seguimiento (CNS)
Comité de los Derechos del Niño, Uruguay
Comunicación participativa desde el Cono Sur (COMCOSUR)
Consumidores y Usuarios Asociados (CUA)
Cotidiano Mujer
Federación Uruguaya de Teatro Independiente (FUTI)
Grupo Medios y Sociedad (GMS)
Idas y Vueltas
Institución Federada Afroumbandista del Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)
Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur
Organización La Barca del Sur
Profesionales de la Comunicación (UDELAR)
Red de Apoyo al Migrante
Red Especial Uruguaya (Redesuy)
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Sindicato de Trabajadores de Cablevisión
Sociedad Uruguaya de Actores (SUA)
Teatro El Galpón
PERSONALES
Mario Handler
Pablo Accuosto
Carlos Casares
Eleonora Navatta
Víctor Burgos
Hernán Tajam
Walter Tournier
Ana Laura Rivoir
Susana Lamschtein
Ma. Julia Morales
Mario Jacob
Mabel Altieri
Juan Pellicer
Marisa Busakr
Sara Brando
Gustavo Bouquet
María Pia Matta - Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Luis Rodríguez
Antonio Romano
http://comunicaciondemocratica.blogspot.com/
viernes 27 de mayo de 2011
COMUNICADO: Ante una nueva puja por los derechos del fútbol
COMUNICADO
Montevideo, 27 de mayo de 2011
Ante una nueva puja por los derechos del fútbol:
¿El Parlamento y el Poder Ejecutivo no tienen nada que decir sobre el derecho de la gente a acceder a la televisación de eventos deportivos de alto interés público?
La Coalición por una Comunicación Democrática reclama el desarrollo de una política pública para regular el acceso de las y los ciudadanos a las transmisiones de los eventos deportivos y culturales de gran interés público.
Asimismo pondrá en conocimiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la inexistencia de frenos legales a los derechos de exclusividad de empresarios privados, que impiden el acceso de los y las ciudadanas a las transmisiones de las manifestaciones culturales y deportivas de alto interés público.
La actual discusión sobre los derechos del fútbol nos muestra en toda su magnitud como los poderes fácticos de una democracia se apropian de las manifestaciones populares ante la ausencia de una política pública de comunicación.
En toda esta discusión, nadie parece reparar en el derecho del público al acceso de contenidos universales de gran interés público, así como en el derecho a la información en general.
El empresario del fútbol Francisco “Paco” Casal -a través de la empresa Tenfield S.A-, los clubes de fútbol, la AUF y el gobierno, en este caso el ministro de Deportes, Héctor Lescano, y el presidente de la República, José Mujica -con distintas posiciones- están inmersos en una disputa de un fuerte operador privado (que ha hecho mucho dinero a costa de los derechos del deporte más popular del Uruguay), a instancias de privar (mediante el cobro de un alto precio del abono) a buena parte de los uruguayos del acceso abierto a las imágenes de los partidos de fútbol.
Desde hace casi dos décadas, los uruguayos que quieren ver al equipo que quieren y simpatizan o gustan del deporte más popular, tienen que pagar no sólo el abono al cable, sino un plus para acceder a esta manifestación cultural. Algo que así planteado no tiene demasiados precedentes en el resto del mundo.
¿Qué hace el gobierno ante una nueva puja por la compra de esos derechos? Intermedia entre los intereses privados, pero no introduce ninguna defensa del interés general y el derecho a la información de todas las personas.
El presidente propone que los derechos del fútbol sean otorgados al mejor postor en el mercado, cuanto más caro mejor, cuando de este modo el abono que le trasladarán a los uruguayos los titulares de esos derechos será aún mayor. Se muestra además cercano al empresario que domina verticalmente buena parte del negocio del fútbol y la comunicación (derechos sobre jugadores, derechos de televisión, merchandising, canales de televisión, entre otros). El ministro de Deportes propone que los derechos queden en manos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los comercialice puntualmente.
Nos preguntamos si nadie en el Poder Ejecutivo, en la Ursec, en el Parlamento, tiene algo que decir en favor del derecho de las personas al acceso a los espectáculos de alto interés público. ¿A nadie se le ocurrió pensar que el fútbol es una manifestación protegida por la Convención de Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Ley Nº 18.068) y no debe estar sometida únicamente al juego del mercado?
Muchos países han decidido poner un freno a los poderes fácticos que se apropian de los espectáculos de alto interés público y alto valor cultural, como en Uruguay ocurre con el fútbol, el basquetbol, el carnaval, las domas, etcétera.
La ley española audiovisual, por ejemplo, dedica un capítulo a la regulación de los derechos sobre contenidos en régimen de exclusividad, en el que se protege el derecho a la información de todos los ciudadanos como derecho prioritario y se fijan límites a la exclusividad en función de criterios de interés general, que aseguran la emisión en televisión abierta, de una serie de acontecimientos relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran audiencia y valor. Para ello, se incluye una referencia normativa básica siguiendo los criterios, resoluciones y recomendaciones de las autoridades y organismos de vigilancia europeos.
Otro tanto sucede con las legislaciones canadiense, americana o argentina. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha establecido que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso de la población en condiciones de igualdad a los medios de comunicación.
En Uruguay la protección al derecho de acceso a los contenidos de interés público, directamente no está legislado. Esta es otra consecuencia de no tener un marco regulatorio legal moderno y garantista de los derechos de todas las personas. Esta es otra consecuencia de la máxima “la mejor ley de medios es la que no existe”.
La Coalición por una Comunicación Democrática pondrá en conocimiento a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la inexistencia de normas legales que pongan un freno al acaparamiento en exclusividad de los derechos de televisación de las manifestaciones culturales y deportivas más representativas del pueblo uruguayo, que limitan la recepción de estos contenidos.
Ésta y otras definiciones que el país tienen por delante en materia de política de comunicación, hacen imprescindibles que el Estado genere nuevos mecanismos para la efectiva participación de la sociedad civil en estos temas.
______________________________________________
Coalición por una Comunicación Democrática
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
Montevideo, 27 de mayo de 2011
Ante una nueva puja por los derechos del fútbol:
¿El Parlamento y el Poder Ejecutivo no tienen nada que decir sobre el derecho de la gente a acceder a la televisación de eventos deportivos de alto interés público?
La Coalición por una Comunicación Democrática reclama el desarrollo de una política pública para regular el acceso de las y los ciudadanos a las transmisiones de los eventos deportivos y culturales de gran interés público.
Asimismo pondrá en conocimiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la inexistencia de frenos legales a los derechos de exclusividad de empresarios privados, que impiden el acceso de los y las ciudadanas a las transmisiones de las manifestaciones culturales y deportivas de alto interés público.
La actual discusión sobre los derechos del fútbol nos muestra en toda su magnitud como los poderes fácticos de una democracia se apropian de las manifestaciones populares ante la ausencia de una política pública de comunicación.
En toda esta discusión, nadie parece reparar en el derecho del público al acceso de contenidos universales de gran interés público, así como en el derecho a la información en general.
El empresario del fútbol Francisco “Paco” Casal -a través de la empresa Tenfield S.A-, los clubes de fútbol, la AUF y el gobierno, en este caso el ministro de Deportes, Héctor Lescano, y el presidente de la República, José Mujica -con distintas posiciones- están inmersos en una disputa de un fuerte operador privado (que ha hecho mucho dinero a costa de los derechos del deporte más popular del Uruguay), a instancias de privar (mediante el cobro de un alto precio del abono) a buena parte de los uruguayos del acceso abierto a las imágenes de los partidos de fútbol.
Desde hace casi dos décadas, los uruguayos que quieren ver al equipo que quieren y simpatizan o gustan del deporte más popular, tienen que pagar no sólo el abono al cable, sino un plus para acceder a esta manifestación cultural. Algo que así planteado no tiene demasiados precedentes en el resto del mundo.
¿Qué hace el gobierno ante una nueva puja por la compra de esos derechos? Intermedia entre los intereses privados, pero no introduce ninguna defensa del interés general y el derecho a la información de todas las personas.
El presidente propone que los derechos del fútbol sean otorgados al mejor postor en el mercado, cuanto más caro mejor, cuando de este modo el abono que le trasladarán a los uruguayos los titulares de esos derechos será aún mayor. Se muestra además cercano al empresario que domina verticalmente buena parte del negocio del fútbol y la comunicación (derechos sobre jugadores, derechos de televisión, merchandising, canales de televisión, entre otros). El ministro de Deportes propone que los derechos queden en manos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los comercialice puntualmente.
Nos preguntamos si nadie en el Poder Ejecutivo, en la Ursec, en el Parlamento, tiene algo que decir en favor del derecho de las personas al acceso a los espectáculos de alto interés público. ¿A nadie se le ocurrió pensar que el fútbol es una manifestación protegida por la Convención de Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (Ley Nº 18.068) y no debe estar sometida únicamente al juego del mercado?
Muchos países han decidido poner un freno a los poderes fácticos que se apropian de los espectáculos de alto interés público y alto valor cultural, como en Uruguay ocurre con el fútbol, el basquetbol, el carnaval, las domas, etcétera.
La ley española audiovisual, por ejemplo, dedica un capítulo a la regulación de los derechos sobre contenidos en régimen de exclusividad, en el que se protege el derecho a la información de todos los ciudadanos como derecho prioritario y se fijan límites a la exclusividad en función de criterios de interés general, que aseguran la emisión en televisión abierta, de una serie de acontecimientos relacionados fundamentalmente con eventos deportivos de gran audiencia y valor. Para ello, se incluye una referencia normativa básica siguiendo los criterios, resoluciones y recomendaciones de las autoridades y organismos de vigilancia europeos.
Otro tanto sucede con las legislaciones canadiense, americana o argentina. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha establecido que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso de la población en condiciones de igualdad a los medios de comunicación.
En Uruguay la protección al derecho de acceso a los contenidos de interés público, directamente no está legislado. Esta es otra consecuencia de no tener un marco regulatorio legal moderno y garantista de los derechos de todas las personas. Esta es otra consecuencia de la máxima “la mejor ley de medios es la que no existe”.
La Coalición por una Comunicación Democrática pondrá en conocimiento a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la inexistencia de normas legales que pongan un freno al acaparamiento en exclusividad de los derechos de televisación de las manifestaciones culturales y deportivas más representativas del pueblo uruguayo, que limitan la recepción de estos contenidos.
Ésta y otras definiciones que el país tienen por delante en materia de política de comunicación, hacen imprescindibles que el Estado genere nuevos mecanismos para la efectiva participación de la sociedad civil en estos temas.
______________________________________________
Coalición por una Comunicación Democrática
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
lunes 23 de mayo de 2011
Charla con el profesor Martín Becerra
Invitación para participar de esta charla con Martín Becerra, el próximo martes 24 de mayo a las 17 horas en la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), San José 1330.
lunes 9 de mayo de 2011
COMUNICADO: La sociedad civil se posiciona como pivot del debate sobre los medios de comunicación en Uruguay
En celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa se llevó a cabo en Montevideo un debate sobre los desafíos que presenta la convergencia tecnológica para la democratización de la comunicación, que fue ejemplo de calidad y de pluralismo. Organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática y auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert (FESUR), el seminario internacional denominado “Transición a la Televisión Digital: Una nueva oportunidad para la Diversidad, la Pluralidad y la Calidad”, se desarrolló el pasado martes 3 de mayo en las instalaciones del Hotel NH Columbia. El mismo contó con la participación de Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios FUCATEL de Chile; del director Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), Gustavo Gómez; del director general de secretaría Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez; y del director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM), Gabriel Kaplún, entre otros.
En la mesa que abrió el evento los panelistas reflexionaron sobre Medios públicos y producción nacional. Pablo Álvarez del MEC, organismo del que dependen la Televisión Nacional de Uruguay y las radios del SODRE, se refirió a la necesidad de desplegar políticas públicas ante la oportunidad que se presenta en el proceso de digitalización de la comunicación. Remarcó en este sentido la voluntad del ministerio, y por tanto del Estado, de jugar un rol activo en este asunto que involucra a toda la sociedad, con una mirada atenta a la diversidad y calidad de los contenidos de radios y televisiones públicas. El documentalista Mario Handler, de la Coalición por una Comunicación Democrática, por Skipe desde Alemania, reivindicó el concepto de servicio público de la televisión en general y de las televisiones públicas en particular. Propuso un nuevo paradigma que colocara en el centro de las políticas de contenidos para las televisiones públicas el concepto de programa en sustitución del concepto de canal, tal como lo utiliza la televisión holandesa. Diego Fernández, representante de la Asociación de Productores Audiovisuales del Uruguay (ASOPROD), mencionó la necesidad de pensar en una televisión pública que pertenezca al Estado y no al gobierno de turno, gestionada por un directorio autónomo del poder político y con autonomía financiera. Sergio Mautone, de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) colocó el foco en la deuda de las televisiones públicas con la realización de ficción nacional, y la consecuencia que esto ha tenido históricamente en el insuficiente desarrollo de la industria audiovisual nacional en este terreno. María Urruzola, directora de la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo, comunicó la intención de la actual administración de realizar una profunda transformación en Tevé Ciudad que la lleve a ser un canal abierto, de acceso para todos los montevideanos y no sólo para quienes pueden pagar el cable como en el presente. Comunicó además la voluntad de dar una nueva y definitiva institucionalidad a la señal capitalina, que hasta hoy es una dependencia con organicidad indefinida dentro de la comuna.
En la mesa que se denominó ¿Es posible un Observatorio de Medios en Uruguay?, Matías Ponce realizó la presentación de los objetivos y la metodología del proyecto “Indicadores de Desarrollo Mediático”, desarrollado por UNESCO en articulación con las Universidades que poseen carreras de comunicación en nuestro país. Paula Baleato, de la Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos, introdujo el enfoque de la observación crítica de los medios desde la perspectiva de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Expuso las principales conclusiones de las investigaciones realizadas por Voz y Vos desde 2007 hasta el presente, sobre cómo los medios de prensa nacional abordan el universo de asuntos de la infancia y la adolescencia. Mariangela Giaimo de Cotidiano Mujer, se refirió, a partir de piezas publicitarias, a los estigmas que los discursos de los medios de comunicación utilizan para encerrar en ellos a los roles femenino y masculino. Fernando Gelves, del Grupo Medios y Sociedad (GMS), presentó las características del Portal InfoyCom, que monitorea diariamente los contenidos vinculados a los asuntos de la comunicación publicados en portales de información nacionales y regionales. Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios FUCATEL, de Chile, presentó la experiencia chilena en este tema, y los desafíos enfrentados para ganar legitimidad en una sociedad que desde el ámbito privado planteó resistencias al accionar de la iniciativa. Los diferentes expositores plantearon durante sus presentaciones la importancia de aumentar el compromiso social en este tema, y difundir la posibilidad de construir una agenda pública propia, mediante el desarrollo de una alianza plural entre todas las organizaciones que están actualmente trabajando en diferentes formas de veedurías u observatorios de medios.
En la mesa de cierre y plato fuerte de la noche, denominada Principios para una transición digital democrática, Edison Lanza, de la Coalición, expresó que no fue casual el día elegido por la organización que representa para la realización del seminario, ya que “la llegada de la televisión digital es la gran oportunidad de construir un sistema de medios más plural y democrático y de evitar que los operadores oligopólicos neutralicen la potencialidades de este cambio”. Lanza expuso los principales tópicos que las organizaciones de la sociedad civil cree conveniente tener en cuenta de cara a una nueva normativa de servicios audiovisuales: la reserva de espacios del espectro radioeléctrico para medios privado comerciales, públicos y comunitarios; la asignación de frecuencias de radio y televisión por mecanismos transparentes y con control social; los límites que deben colocarse contra los monopolios y oligopolios; la necesidad de que existan autoridades con autonomía del poder político y de los gobiernos, entre otros asuntos. Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios FUCATEL, de Chile, relató los pasos que se siguen en su país que no auspician un escenario muy alentador en el sentido de democratización de los medios, e hizo alusión a la paradojal circunstancia de que el propio presidente de la República de su país, Sebastián Piñera, sea dueño de un canal de televisión. Gabriel Kaplún, director de la LICCOM, precisó que a partir de ahora deben precisarse algunos términos para que todos los actores hablen en un mismo idioma. Dijo que desde ahora “hay que hablar de señales y no de canales”, ya que con la digitalización cada canal de seis megahercios equivale a seis señales con contenidos diversos. En tono crítico preguntó “¿qué se va a adjudicar?, ¿señales o canales?”. A lo que se respondió: “deberían ser señales”. Gustavo Gómez, director de la DINATEL, anunció los lineamientos que el Ministerio de Industria, dentro del cual se encuentra la dependencia que preside, piensa promover en el decreto que regulará la concesión de frecuencias digitales que se está redactando y en la nueva normativa que se enviará en el correr del presente año al Parlamento nacional. Gómez aseguró que la voluntad expresa en estas iniciativas “apuntará a ampliar la pluralidad en el sistema de medios en el Uruguay”. El jerarca afirmó que el horizonte sigue siendohttp://www.blogger.com/img/blank.gif el principio de televisión abierta y gratuita, con accesibilidad al cien por ciento de la población. Y para ello subrayó el papel central que cumplirá en el proceso de cambio hacia la era digital la Televisión Nacional de Uruguay.
Videos del seminario en:
http://es-es.justin.tv/comunicaciondemocratica/b/285056322
Audios completos del seminario en:
http://legislaciones.amarc.org/GMS/Coalicion/03052011-1.mp3
http://legislaciones.amarc.org/GMS/Coalicion/03052011-2.mp3
Notas de prensa publicadas sobre el seminario:
TV digital incorporaría nuevos operadores privados - 180.com, 05 de mayo de 2011
http://www.infoycom.org.uy/?q=node/5721
Discusión necesaria: contraprestaciones a desarrollar por las empresas televisivas - Web Presidencia, 04 de mayo de 2011
http://www.infoycom.org.uy/?q=node/5717
Señales – La Diaria, 04 de mayo de 2011
http://www.infoycom.org.uy/?q=node/5716
Seminario - Transición a la Televisión Digital: Una nueva oportunidad para la Diversidad, la Pluralidad y la Calidad - Coalición por una Comunicación Democrática, 20 de abril de 2011.
http://www.infoycom.org.uy/?q=node/5671
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Fotos del evento:
http://www.forocom.org.uy/
Para más información:
comunicaciondemocraticauy@gmail.com
Montevideo, 06 de mayo de 2011
miércoles 4 de mayo de 2011
Discusión necesaria: contraprestaciones a desarrollar por las empresas televisivas
Actores públicos y privados se dieron cita en el seminario internacional "Transición a la Televisión Digital. Una nueva oportunidad a la Diversidad, Pluralidad y la Calidad". El énfasis estuvo puesto en la necesidad de atender aspectos regulatorios, contenidos, administración del espectro, respeto a los derechos y libertades fundamentales de la población y acceso a la información en el marco de los consabidos cambios tecnológicos.
La Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la Coalición de la Sociedad Civil por una Política Democrática de Comunicación organizaron el Seminario Internacional "Transición a la Televisión Digital. Una nueva oportunidad a la Diversidad, Pluralidad y la Calidad", que se desarrolló en el Hotel NH Columbia, de Montevideo y reunió a actores públicos y privados.
El director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, expuso en el panel Medios Públicos y Producción Nacional. Hizo referencia a los medios públicos estatales y en ese marco, enumeró las transformaciones institucionales en las que se debe avanzar –lo cual es tema de debate al interior del MEC- asimismo, la producción de contenidos nacionales.
Recordó el proyecto de ley presentado en la legislatura anterior , que refiere a la producción de contenidos nacionales. Según el expositor no se trata solamente de la nacionalidad de los mismos, sino de qué tipo de contenidos se pautan hoy en la televisión pública.
Alvarez señaló que las ondas son administradas por el Estado y que solamente algunas empresas tienen permiso de uso. Por tanto, puntualizó en la necesidad de fomentar la discusión acerca de qué contraprestaciones deberán desarrollar aquellas empresas que siendo permisarias del uso de las ondas emiten mensajes televisivos.
Observatorio de medios
Un documento elaborado por la Coalición para una Comunicación Democrática indica que hasta el momento, la mayor parte de los operadores y actores de la televisión presentan la llegada de la televisión digital terrestre (TDT) como una mera cuestión tecnológica y ni siquiera mencionan las implicancias regulatorias que apareja ese cambio.
Esa incursión supone atender aspectos regulatorios, de contenidos, de administración del espectro, de respeto a los derechos y libertades fundamentales de toda la población, de creación de trabajo nacional y de acceso a la información, además de los consabidos cambios tecnológicos.
El representante de la citada organización, Edison Lanza, expresó que además de conocer la posición del Estado en la materia, en el seminario se abordó también la experiencia chilena.
Dijo que en la oportunidad se conformó un ambiente propicio para discutir el modelo de televisión pública, que tendrá un cambio cualitativo en la transición hacia lo digital. Además, la discusión de temas referidos a la sociedad civil, como la necesaria existencia de observatorios de medios en Uruguay que realicen un seguimiento de las programaciones.
Web Presidencia, 04 de mayo de 2011
La Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la Coalición de la Sociedad Civil por una Política Democrática de Comunicación organizaron el Seminario Internacional "Transición a la Televisión Digital. Una nueva oportunidad a la Diversidad, Pluralidad y la Calidad", que se desarrolló en el Hotel NH Columbia, de Montevideo y reunió a actores públicos y privados.
El director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, expuso en el panel Medios Públicos y Producción Nacional. Hizo referencia a los medios públicos estatales y en ese marco, enumeró las transformaciones institucionales en las que se debe avanzar –lo cual es tema de debate al interior del MEC- asimismo, la producción de contenidos nacionales.
Recordó el proyecto de ley presentado en la legislatura anterior , que refiere a la producción de contenidos nacionales. Según el expositor no se trata solamente de la nacionalidad de los mismos, sino de qué tipo de contenidos se pautan hoy en la televisión pública.
Alvarez señaló que las ondas son administradas por el Estado y que solamente algunas empresas tienen permiso de uso. Por tanto, puntualizó en la necesidad de fomentar la discusión acerca de qué contraprestaciones deberán desarrollar aquellas empresas que siendo permisarias del uso de las ondas emiten mensajes televisivos.
Observatorio de medios
Un documento elaborado por la Coalición para una Comunicación Democrática indica que hasta el momento, la mayor parte de los operadores y actores de la televisión presentan la llegada de la televisión digital terrestre (TDT) como una mera cuestión tecnológica y ni siquiera mencionan las implicancias regulatorias que apareja ese cambio.
Esa incursión supone atender aspectos regulatorios, de contenidos, de administración del espectro, de respeto a los derechos y libertades fundamentales de toda la población, de creación de trabajo nacional y de acceso a la información, además de los consabidos cambios tecnológicos.
El representante de la citada organización, Edison Lanza, expresó que además de conocer la posición del Estado en la materia, en el seminario se abordó también la experiencia chilena.
Dijo que en la oportunidad se conformó un ambiente propicio para discutir el modelo de televisión pública, que tendrá un cambio cualitativo en la transición hacia lo digital. Además, la discusión de temas referidos a la sociedad civil, como la necesaria existencia de observatorios de medios en Uruguay que realicen un seguimiento de las programaciones.
Web Presidencia, 04 de mayo de 2011
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