COMUNICADO - Montevideo, 27 de junio de 2012
Organizaciones de la Coalición por una Comunicación Democrática llaman a un debate amplio y participativo sobre la relación de los medios con las audiencias y los sectores vulnerables
La propuesta del
gobierno de regular los contenidos de violencia excesiva y sexual pone
nuevamente sobre la mesa la necesidad imperiosa de que el país apruebe una
regulación democrática para los medios audiovisuales que sustituya al marco
normativo actual aprobado en la dictadura.
La discusión de
la necesidad de marcos normativos para regular distintos fenómenos de la
comunicación, se enmarca en la relación de éstos con la sociedad en su conjunto
y en la ausencia de políticas públicas y estímulos para los medios de
comunicación.
En ese sentido la
Coalición por una Comunicación Democrática reivindica el proceso desarrollado
en el Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual que, por primera vez, permitió discutir en forma participativa y
amplia una política integral para los medios audiovisuales.
En ese contexto,
las organizaciones que integran la Coalición propusieron y siguen proponiendo
una regulación que garanticé la libertad de expresión en los medios, pero que
respete los derechos de sectores vulnerables, en cumplimiento con las
convenciones internacionales de derechos humanos que aprobó el país referidas a
niñez, género, discriminación sexual o por razones de raza, personas con
discapacidad, etcétera.
En lo que refiere
a la medida propuesta por el gobierno para proteger a niños y niñas de los
contenidos de violencia explícita. Entendemos que es necesario ubicar la
reflexión sobre esta medida en particular, en el marco más amplio relativo a la
regulación de medios y su relación con la infancia y la adolescencia.
La relación de niños, niñas y adolescentes con los medios de comunicación y las pantallas en particular, constituye un elemento central para las democracias actuales. A la hora de pensar en fortalecer mecanismos y ámbitos de convivencia esta relación adquiere particular relevancia y requiere una regulación integral que abarque el horario de protección al menor, contenidos inadecuados, producción de contenidos y educación para los medios, entre otros capítulos.
La relación de niños, niñas y adolescentes con los medios de comunicación y las pantallas en particular, constituye un elemento central para las democracias actuales. A la hora de pensar en fortalecer mecanismos y ámbitos de convivencia esta relación adquiere particular relevancia y requiere una regulación integral que abarque el horario de protección al menor, contenidos inadecuados, producción de contenidos y educación para los medios, entre otros capítulos.
Este no es un
asunto solo del gobierno, aunque es su responsabilidad. Debatir y acordar
socialmente qué tipo de relación quiere la sociedad uruguaya establecer entre
sus niños y sus medios de comunicación, requiere ineludiblemente la activa
participación de empresarios de la comunicación, de trabajadores y
profesionales de los medios, de la academia, de las organizaciones de la
sociedad civil y por qué no, de los propios niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a los
contenidos de violencia extrema, de carácter sexual, discriminación por razón
de género o raza, etcétera, que emite a diario la televisión y que afecta a las
audiencias en general, cabe similar reflexión. Es posible establecer un marco
regulatorio que sancione con posterioridad a la emisión, aquellos contenidos
ofensivos por estas razones, todo lo cual requiere reglas claras, una
institucionalidad independiente y una defensoría de las audiencias que debería
establecerse por ley.
La Coalición
reafirma su compromiso con los espacios de participación que se convoquen para
discutir y debatir sobre la política de comunicación y aguardamos que el Poder
Ejecutivo cumpla con su anuncio de enviar al Parlamento el proyecto de Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
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