Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación conspiran contra la democracia

COMUNICADO - Montevideo, 08 de febrero de 2013

Sorpresivamente, a poco más de un mes del vencimiento del plazo para que quienes aspiran a obtener una licencia para la televisión digital presenten sus propuestas, el Poder Ejecutivo mediante Decreto del 23 de enero suspendió por tiempo indefinido el llamado a interesados que había abierto con el ya discutible Decreto del 31 de diciembre de 2012, alegando que algunos interesados, que no fueron identificados, solicitan más plazo para presentar una propuesta.

Este decreto se suma a una serie de vaivenes en torno a la política de comunicación impulsada desde el Poder Ejecutivo, que comenzó con un ambicioso plan de acción destinado a cumplir con el programa de gobierno, que postulaba la democratización de las comunicaciones.

En el primer año de gobierno se estableció un Comité Técnico Consultivo (CTC) para elaborar las bases de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) conformado en forma amplia y plural. Fue una experiencia exitosa, acordándose bases para una ley que apunta a un mayor pluralismo, diversidad, producción nacional y equilibrio en los derechos de los medios y las personas. 

No obstante, cuando este colectivo estaba por redactar el informe final tras cuatro meses de trabajo, el presidente de la República hizo declaraciones públicas en el sentido de desestimar este aporte, algo que luego él mismo relativizó. Hasta el presente el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no ha sido enviado desde el Ejecutivo al Parlamento.

Poco después, el Ejecutivo se abocó a redactar y aprobar el decreto para regular la transición a la televisión digital abierta, bajo estándares de pluralismo, transparencia y diversidad. La aprobación del decreto, tras una consulta pública poco frecuente en estos temas en el país, supuso un avance democrático, porque habilitó el camino para diversificar los actores y romper por primera vez el oligopolio histórico.

El 31 de diciembre último, tras presiones de los canales privados, ese decreto original fue modificado por el Poder Ejecutivo, a través de un nuevo decreto que estableció procedimientos distintos para asignar canales a los interesados, según sean los actuales titulares o nuevos interesados. A los actuales titulares se les podrá asignar en forma directa un canal de 6 Mhz.

(que otorga la posibilidad de emitir varias señales y brindar servicios interactivos) en atención a sus “antecedentes”, simplemente aceptando las nuevas condiciones que todos deberán respetar. Los operadores establecidos desde hace 50 años no deberán pasar por un concurso abierto, no competirán con otras propuestas, no comparecerán a una audiencia pública como los restantes operadores no serán evaluados por la Comisión Asesora Independiente que interviene en estos temas y tendrán asegurado una cantidad de señales y de servicios mucho mayor a las que hoy brindan. 

Los nuevos interesados sí deberán acudir a un proceso competitivo con un plan comunicacional. Lo mismo ocurre con los canales comunitarios, que deberán pasar por un proceso competitivo similar al que están sometidas actualmente las radios comunitarias.

Cuando pensamos que con estos cambios finalmente iríamos a un concurso público restringido, el Poder Ejecutivo suspende el procedimiento por tiempo indefinido sin mayores explicaciones, lo que ha producido una serie de especulaciones nunca aclaradas. ¿Se trata de una nueva presión de los tres canales instalados sobre un gobierno democrático? ¿Hay actores ocultos que están solicitando tiempo para construir una ingeniería de testaferros y así presentarse al llamado?

Durante estos dos últimos gobiernos se ha ido avanzando en la legislación sobre libertad de expresión, medios y derecho a la información. También se ha instalado un diseño institucional que permita tener control ciudadano sobre un aspecto cada vez más influyente en nuestra sociedad. No obstante, ante las recientes medidas del gobierno, se presentan nuevas dudas sobre el futuro de la política de comunicación. ¿Se está desandando el camino que la sociedad civil abonó y que el gobierno había empezado a construir? ¿Se postergará indefinidamente la transición a la televisión digital y se privará a todas y todos los uruguayos de los avances tecnológicos de la digitalización? ¿Los tres canales privados continuarán dictando la política de comunicación que más les favorezca?

Ante esta situación de hecho, la Coalición por una Comunicación Democrática quiere recordar que el Estado uruguayo tiene obligaciones internacionales que cumplir en orden a las convenciones de derechos humanos, los estándares internacionales de libertad de expresión y de diversidad cultural.

Como lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos, "los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos".

Solicitamos al Poder Ejecutivo revisar sus últimos decretos de diciembre y enero y realizar un llamado público a interesados a operar en la televisión digital abierta y gratuita, tanto para el sector comercial como para el comunitario, en igualdad de condiciones y sin límites de acceso, como lo establecen los preceptos constitucionales y las convenciones internacionales de derechos humanos.

Recordamos además que urge realizar estos llamados, dado que a fin de octubre vence el plazo en que es posible realizar adjudicaciones (un año antes de las elecciones nacionales). De lo contrario se postergará todo el proceso hasta 2015 y Uruguay perderá nuevamente la posibilidad de iniciar la implementación de la televisión digital y de avanzar en la democratización de las comunicaciones.

Coalición por una Comunicación Democrática

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